Cuidar a un hijo, una madre o un padre no aparece en ninguna nómina ni deja el mismo rastro laboral que un empleo formal, aunque ocupe una vida entera y, en la práctica, sea un trabajo.
Como si el tiempo se hubiera detenido, hay talleres de costura en el centro de la Ciudad de México donde las obreras son encerradas y obligadas a trabajar, explotadas, con malos salarios, sin seguridad social , como sucedía hace más de 40 años, cuando los talleres formales y clandestinos se cayeron durante el sismo de 1985. Situación que se repite en otras entidades del país, como Jalisco.
En 2025, en el mundo 1.2 millones de personas adquirieron el VIH, 570.000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida y alrededor de 9 millones que viven con el virus no recibían tratamiento.
El cobarde y artero asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista crítico del actual gobierno que encabeza Salomón Jara, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, deja impotencia, rabia, tristeza y miedo entre el gremio periodístico y demuestra al mundo entero múltiples violaciones a los derechos fundamentales de quienes ejercemos esta profesión y de la sociedad.
Desde 2019, los gobiernos de extrema derecha en América Latina, desde Brasil y El Salvador hasta Argentina, han estado adoptando estrategias similares para atacar los derechos de las mujeres y la población LGBTQ+ y debilitar las políticas de salud sexual y reproductiva.
Casi la mitad de los 304 millones de migrantes internacionales son mujeres y una de cada cinco trabajadoras domésticas en el mundo es una migrante, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ellas representan el 76 por ciento del sector, sostienen los sistemas de bienestar y las "cadenas globales de cuidado" en los países receptores, pero a menudo sufren de alta precariedad, informalidad y desprotección laboral.
La legislatura de Oaxaca demandó esclarecer los hechos y sanciones a los responsables que provocaron la muerte al mexicano migrante Lorenzo Salgado Araújo.
En los últimos cinco años, la región latinoamericana ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90 por ciento de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.
La iniciativa regional Salud Sin Miedos presentó un informe, en el contexto de la campaña “Por una salud sin miedos”, donde revela que el aborto prohibido viola los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, criminalizándolas desde los sistemas de salud.
