Cd. de México, julio, 2026.- La iniciativa regional Salud Sin Miedos presentó un informe, en el contexto de la campaña “Por una salud sin miedos”, donde revela que el aborto prohibido viola los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, criminalizándolas desde los sistemas de salud. Se trata de más de 10.000 mujeres que fueron enviadas a procesos penales que ponen en riesgo su integridad.
El informe contiene la investigación y el análisis de 611 casos de seis países. Lo llama “la ruta de la criminalización”, que se inicia dentro de los sistemas de salud y se extiende a los sistemas de justicia, que no ofrecen las garantías mínimas para la interrupción de un embarazo, en un contexto de desigualdades de género que amplifican el persistente estigma social.
Sostiene que la criminalización del aborto en América Latina y el Caribe está generando estas violaciones a los derechos humanos, con un impacto preocupante, y que existen evidencias del despliegue de la persecución penal contra mujeres, niñas y adolescentes.
El informe analiza casos de aborto ocurridos entre 2012 y 2023 en Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, dentro de un universo de 10.848 mujeres, niñas y adolescentes criminalizadas en esos países.
En la iniciativa participan Crisálidas de Guatemala, Cladem, República Dominicana, Corporación Miles, de Chile, el Instituto de Bioética Anais, de Brasil, Proyecto de Salud de Perú y Mujer y Salud del Uruguay.
Lidereado por Ximena Casas Isaza y mediante una metodología comparada y estandarizada —sin precedentes en América Latina y el Caribe—, el estudio introduce el concepto de la “ruta de la criminalización del aborto” para mostrar cómo mujeres, niñas y adolescentes pasan de buscar atención médica a enfrentar investigaciones y procesos penales.
“Este informe demuestra que la criminalización del aborto es una práctica estatal que pone vidas en riesgo, destruye la confianza en los sistemas de salud y castiga a las mujeres que no cumplen con los estereotipos tradicionales sobre la maternidad y reproducción. Claramente, no es un debate abstracto sobre legislación penal, promueve la violación de derechos humanos y afecta negativamente la vida de las mujeres, niñas y adolescentes,” señaló Ximena Casas Isaza, abogada experta en derechos sexuales y reproductivos y coordinadora de la iniciativa Salud Sin Miedos.
Los principales hallazgos fueron:
Los hospitales como puerta de entrada a la criminalización: en más de la mitad de los casos donde pudo identificarse el origen de la denuncia, esta provino del personal sanitario cuando acudieron a hospitales buscando atención médica.
Procesos judiciales sin garantías: el informe evidencia violaciones preocupantes al debido proceso en los 611 casos analizados. Muchas mujeres, adolescentes y niñas no tuvieron acceso oportuno a representación legal, fueron interrogadas sin defensa presente y enfrentaron procesos basados en pruebas obtenidas mediante violaciones a la confidencialidad médica, lo que también vulnera la garantía contra la autoincriminación.
“La judicialización de mujeres por aborto no ocurre en el vacío: es el resultado de procesos marcados por violaciones a las garantías mínimas, en los que la posibilidad de recibir una condena arbitraria es una amenaza latente”, señaló Selene Soto Rodríguez, asesora legal senior de Ríos.
Una política discriminatoria que profundiza desigualdades: el informe concluye que la criminalización del aborto opera como una política discriminatoria porque se basa en estereotipos de género. En expedientes judiciales revisados, las mujeres fueron descritas como “frías”, “calculadoras” o incluso “asesinas”, reforzando estereotipos vinculados a roles tradicionales de maternidad y cuidado.
Transparencia estatal y falta de acceso a la información: la investigación también revela problemas de transparencia estatal y acceso a la información pública. De 314 solicitudes de acceso a la información enviadas a 154 entidades estatales en los seis países analizados, el informe identificó ausencia de datos desagregados y actualizados, inconsistencias entre cifras oficiales y omisiones sobre el perfil de las personas criminalizadas.
La falta de registros oficiales adecuados dificulta poder dimensionar el impacto real de la criminalización y limita la capacidad de documentar las violaciones de derechos humanos en estos contextos.
Un llamado urgente a cambiar el paradigma punitivo
Salud Sin Miedos hizo un llamado a los Estados de América Latina y el Caribe a abandonar el enfoque punitivo sobre el aborto y adoptar políticas basadas en salud pública, evidencia científica y derechos humanos.
El informe propone una hoja de ruta que incluye:
- Eliminar o reducir el uso del derecho penal en materia de aborto.
- Garantizar la confidencialidad médica y eliminar obligaciones de denuncia del personal sanitario.
- Asegurar defensa adecuada y debido proceso en los casos relacionados con aborto.
- Tomar medidas para eliminar los estereotipos de género en los sistemas de justicia
- Prevenir y sancionar la violencia obstétrica e institucional.
- Adoptar políticas con perspectiva de género e interseccional.
- Fortalecer la producción de información pública y desagregada sobre estos casos.
Una Salud Sin Miedos está disponible en: Salud Sin Miedos / Health Without Fears / Saudé Sim Medos: saludsinmiedos@riossocialjustice.org / IG @saludsinmiedos