Cd. de México (SEMlac).- En México el aborto es legal actualmente en 25 de los 32 estados del país, sin embargo una es la normativa legal y otra la realidad. Las mujeres han exigido el acceso a un aborto seguro, gratuito y de calidad por décadas, por lo que los servicios públicos de salud tienen la obligación de garantizarlo, pero sólo hay 405 servicios de aborto seguro para una población de 36 millones de mujeres en edad reproductiva.
Las mujeres que han solicitado el acceso se han encontrado con obstáculos institucionales y hasta con el estigma social incluso del personal médico.
Lo legal no siempre se traduce en acceso coinciden investigaciones realizadas por separado por dos organizaciones: “Voces por el derecho a decidir“ con mujeres principalmente de la zona metropolitana del Valle de México realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y “De la Despenalización al Acceso”, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y REDefine México, en ocho estados del país donde el aborto esta despenalizado.
En ambos estudios, las mujeres que han recurrido a la interrupción del embarazo se han encontrado con escasa o insuficiente información y hasta malos tratos; falta de capacitación del personal médico y mala aplicación de la objeción de conciencia, aunado a los juicios sociales que siguen presentes incluso en el personal médico.
A ello se suman la escasez o desabasto de mifepristona y misoprostol, recomendados para la interrupción del embarazo por la Organización Mundial de la Salud (OMS); servicios centralizados en capitales o zonas altamente pobladas; horarios y turnos limitados, y falta de insumos.
A pesar de que desde 2020 existe una política pública federal de Aborto Seguro y, desde 2021, un lineamiento técnico para su atención en las instituciones de salud pública, las colectivas que proporcionan acompañamiento están mejor informadas que el propio personal médico.
Ambos estudios hacen recomendaciones para un acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que cumpla con los cuatro elementos esenciales del derecho a la salud definidos por la OMS: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad.
Lo que encontró FUNDAR
A partir de las entrevistas cualitativas realizadas por Fundar a mujeres usuarias, se concluyó que la despenalización en las leyes no se ha traducido en una despenalización social. Las usuarias reportaron que el personal de salud (tanto público como privado) ejerce regaños, maltratos e intentos de manipulación psicológica para persuadirlas de no interrumpir su embarazo.
Aunque operan 405 Servicios de Aborto Seguro (SAS) en todo el país, estos se concentran en la Ciudad de México y grandes urbes, dejando en total desamparo geográfico a las zonas periféricas o rurales. El 35 por ciento de los servicios analizados opera únicamente en el turno matutino y solo un 22 por ciento ofrece una cobertura completa de atención médica las 24 horas del día.
Un dato alarmante de la investigación expone que entre 2021 y 2023, siete de cada 10 procedimientos de aborto se siguieron practicando bajo el método de legrado uterino instrumental (LUI). Este es un método doloroso, obsoleto y de mayor riesgo frente a alternativas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el misoprostol o la mifepristona.
Presupuesto insuficiente
Existe una enorme brecha presupuestaria. Entre 2020 y 2025, el presupuesto total federal para aborto seguro fue de 272 millones de pesos (aproximadamente 13,5 millones de dólares).
Mientras que en 2025 alcanzó su punto más alto (91,46 millones, unos cinco millones de dólares), en 2024 sufrió una caída drástica hasta apenas 14,54 millones de pesos (cerca de 800.000 de dólares), demostrando que los fondos no crecen al ritmo de las obligaciones legales.
La gran mayoría de las instituciones de seguridad social –como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– no pudieron proporcionar información clara sobre el dinero específico que asignan a este rubro.
Propuestas
Fundar propone fortalecer los servicios públicos con consejería, información, acompañamiento y seguimiento posterior. También plantea capacitar de manera constante al personal de salud en métodos recomendados, manejo de complicaciones, consejería, atención postaborto y aspectos legales y éticos; eliminar el estigma de los servicios; garantizar personal no objetor, y evitar prácticas de disuasión o acoso.
Asimismo, propone incorporar una perspectiva de derechos humanos, género, interseccionalidad y pertinencia cultural, que incluya los conocimientos de parteras y redes de acompañamiento; ampliar y descentralizar los servicios, especialmente para comunidades rurales y zonas periféricas, y asegurar un presupuesto suficiente y transparente para medicamentos, insumos, equipo, personal e infraestructura.
También plantea garantizar métodos seguros y evitar procedimientos en desuso y más invasivos, como el legrado intrauterino instrumental; ampliar días y horarios de atención y garantizar personal suficiente en todos los turnos, e implementar campañas informativas diferenciadas, de acuerdo con las distintas realidades y necesidades de las mujeres usuarias.
Lo que se encontró en ocho estados donde se despenalizo el aborto
El Estado no cumple con los cuatro elementos clave —disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad—, lo que limita el pleno ejercicio de los derechos reproductivos, según encontró la investigación del ILSB y REDefine en ocho estados donde está despenalizado el aborto: CDMX, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.
El acceso a aborto por causal de violencia sexual es muy bajo en relación con el número de embarazos registrados y falta una mayor difusión de los servicios. Destacan que entre 2023 y 2024, en los estados analizados, se registraron 1,177 casos de embarazos por violencia sexual, pero solo 47 derivaron en una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es decir, el cuatro por ciento.
Veracruz concentró 526 casos de violencia sexual y solo seis abortos; el Estado de México tuvo 237 casos y 11 abortos. La Ciudad de México presentó la mayor proporción, con 24 procedimientos realizados de 102 casos registrados.
La utilización de procedimientos obsoletos, en un 38 por ciento de las entidades evaluadas, como el Legrado Uterino Instrumental (LUI), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda eliminar esta práctica. Además, existe una escasez generalizada de medicamentos clave como mifepristona y misoprostol, lo que transfiere el costo económico a las usuarias.
Se documentaron obstáculos de disponibilidad, como la escasez de personal capacitado, largas esperas, estigmatización y discriminación (especialmente en zonas rurales y para quienes no pertenecen al municipio de la clínica).
Respecto a la disponibilidad, encontraron que existe una brecha entre el número de servicios reportados y los efectivamente operativos. Los servicios predominan solo en hospitales generales ubicados en las capitales, además de que existe insuficiente personal disponible y la objeción de conciencia reduce aún más la oferta real. El desabasto de medicamentos (misoprostol y mifepristona) es un problema recurrente, agravado por retrasos administrativos y falta de prioridad presupuestal.
En cuanto a la accesibilidad, si bien se han incrementado los servicios tras las reformas, persisten desigualdades entre estados. La Ciudad de México concentra la mayor parte de los abortos realizados, lo que refleja que personas de otros estados siguen desplazándose para acceder al servicio.
Las barreras geográficas, especialmente en zonas rurales, representan largos traslados y costos adicionales. A ello se suman trabas burocráticas en los servicios de salud, posibles costos por temas de derechohabiencia (es decir, la condición de ser derechohabiente o tener derecho a los servicios médicos de una institución de seguridad social) vinculados a un estudio socioeconómico, la desinformación institucional y la falta de señalización, factores que limitan el acceso real.
La investigación concluye que, para avanzar hacia una cobertura integral, es indispensable consolidar un sistema de salud en el cual todas las instituciones brinden el servicio, que priorice la atención en el primer nivel y en todo el territorio, que asegure la pertinencia cultural y lingüística de los servicios, y que garantice personal capacitado y no objetor en todo el país.
“Solo con voluntad institucional y políticas públicas centradas en la justicia reproductiva será posible que el aborto seguro se convierta en un derecho garantizado para todas las personas que lo requieran”, insiste el estudio.
Las normativas legales para la ILE
Las instituciones de salud federales en México quedaron formalmente obligadas a nivel judicial desde el 6 de septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto en el Código Penal Federal.
El ISSSTE está obligado operativamente a proporcionar el servicio desde el 24 de enero de 2025. Esto ocurrió tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de su Dirección General que garantiza la aplicación de la interrupción legal del embarazo.
El IMSS-Bienestar publicó su primer directorio oficial de unidades hospitalarias para el aborto seguro en diciembre de 2025. El IMSS (Régimen Ordinario), en tanto, formalizó por completo su protocolo obligatorio en marzo de 2026, tras emitir su “Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo” y habilitar canales de atención directa y filtros de localización para sus derechohabientes.
La despenalización del aborto a partir de 2007
En 2007 en la Ciudad de México se logró la despenalización voluntaria hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, pasaron más de diez años para que otra entidad federativa lo lograra Oaxaca (2019), le siguieron Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Hidalgo y Veracruz (2021). Posteriormente, ocurrió en Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo (2022), así como Aguascalientes (2023).
A partir de 2024, bien fuera por un acatamiento del legislativo de una orden judicial por vía legal o por voluntad del propio poder legislativo, se alcanzó la despenalización en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
