La Habana, septiembre, (SEMlac). – Una política pública puede estar aprobada, contar con un programa y mecanismos institucionales para su implementación. Pero su verdadero alcance empieza a medirse cuando llega a los barrios, dialoga con las experiencias de las personas y logra, aunque sea de forma gradual, modificar las prácticas y normas que sostienen la violencia en su vida cotidiana.
Ese es uno de los principales aprendizajes del proyecto “Políticas públicas y liderazgo feminista de mujeres en La Habana”, desarrollado desde diciembre de 2024 por el Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (Galfisa), del Instituto de Filosofía, junto a actores comunitarios, institucionales y redes feministas de los consejos populares Cayo Hueso, en Centro Habana, y La Rampa, en Plaza de la Revolución.
Durante el encuentro de cierre, el 25 de septiembre en la capital cubana, las participantes compartieron experiencias sobre la construcción de Planes de Acción Afirmativa (PAA), una herramienta para llevar al ámbito local políticas como el Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar.
El espacio permitió, además, reconstruir un camino de formación, acompañamiento y articulación que vinculó a mujeres de los consejos populares, lideresas comunitarias, decisoras, gobiernos locales, organizaciones sociales y activistas.
Todas las acciones se dirigieron a lograr que esas políticas formen parte de la gestión cotidiana de los gobiernos y de las respuestas a las necesidades de las mujeres, señaló Mirell Pérez González, investigadora de Galfisa.
Radiografiar la comunidad
Para la delegada del consejo popular de Cayo Hueso, Lourdes María Ferrer Rodríguez, los diagnósticos elaborados en los consejos populares permitieron identificar problemas que, de otro modo, podían quedar dispersos o sin respuesta coordinada. “Cada territorio tenía que tener su plan de acción”, dijo.
En Cuba, los consejos populares son la estructura más pequeña del ejercicio del gobierno (Poder Popular) y realizan sus funciones en subdivisiones de los municipios, con lo cual operan directamente en el ámbito comunitario.
Uno de los aprendizajes más claros es que no existen soluciones idénticas para comunidades diferentes, apuntó Pérez González.
La construcción de esas propuestas también puso sobre la mesa carencias en la información estadística municipal sobre las problemáticas que afectan a mujeres y hombres, así como la necesidad de mejorar la comunicación con la población y fortalecer la articulación entre las instituciones responsables de implementar las políticas, sostuvo por su parte la delegada Ferrer Rodríguez.
Pérez González señaló que los PAA no deben entenderse como documentos concluidos, sino como procesos que necesitan continuar actualizándose a partir de las experiencias, necesidades y vivencias específicas de las comunidades.
El trabajo en los barrios permitió identificar situaciones que suelen naturalizarse y no siempre se reconocen como desigualdades: la sobrecarga de cuidados que asumen las mujeres, la persistencia de estereotipos de género y distintas expresiones de violencia.
Maylen Durán, vinculada al trabajo comunitario en Cayo Hueso, explicó que los talleres realizados con distintos grupos —adolescentes, mujeres y otras personas de la comunidad— ayudaron a reconocer esas problemáticas y a pensar respuestas desde el propio entorno.
En el caso de los cuidados, por ejemplo, se identificaron mujeres con formación profesional que habían tenido que renunciar a sus empleos para atender a familiares de avanzada edad. La presencia de personas mayores que viven solas hace más visible la necesidad de redes de apoyo, señaló Durán.
La Habana es la segunda provincia más envejecida de Cuba: 29,1 por ciento de su población tiene 60 años o más, una proporción superior al promedio nacional de 26,7 por ciento, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) correspondientes al cierre de 2025.
En el municipio Plaza de la Revolución, las acciones formativas abordaron la igualdad de género, la prevención de las violencias machistas y el conocimiento de las políticas públicas. Sin embargo, la experiencia mostró que su aprobación no garantiza que todas las mujeres conozcan sus derechos, comprendan cómo pueden ejercerlos, ni las oportunidades que les ofrece determinada política.
Regla Iliana Esponda Cardoso, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en ese municipio, insistió en la necesidad de mantener los talleres y extenderlos a las comunidades, hasta llegar a los lugares donde todavía persisten dudas y desconocimiento.
Las mujeres no aparecen únicamente como destinatarias de las políticas; su experiencia también constituye una fuente para identificar problemas, formular respuestas y valorar la pertinencia de las acciones emprendidas, señaló.
De la comunidad a los espacios de decisión
Para Yaima Elena Rodríguez Alomar, integrante de Galfisa, entre los aprendizajes del proyecto está la importancia de conectar las estructuras de los gobiernos municipales y consejos populares, la FMC, las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, instituciones académicas, jurídicas y docentes, proyectos comunitarios y organizaciones feministas, entre otras.
En Plaza de la Revolución, dijo, el trabajo conjunto permitió desarrollar actividades formativas en comunidades, centros educativos y espacios de atención a las familias. En Centro Habana, las propuestas elaboradas desde los consejos populares llegaron a la asamblea municipal y, posteriormente, al consejo de administración.
“Ese paso permitió trasladar propuestas construidas desde la base hacia espacios de decisión gubernamental y asumir el seguimiento como parte del proceso”, dijo y agregó que la participación no se limita a consultar a las mujeres o recoger sus opiniones.
“Implica crear condiciones para que sus diagnósticos y propuestas lleguen a los espacios donde se definen las prioridades y se organiza la gestión local”, apuntó.
Espacios seguros y liderazgos feministas
El encuentro contó con la participación de integrantes dominicanas de la plataforma “Soy Caribe, soy mujer”, quienes compartieron experiencias de prevención de las violencias, entre ellas iniciativas de comunidades seguras, con la colaboración de hombres.
Las activistas alertaron sobre el avance de posiciones conservadoras en la región y los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de las mujeres.
Georgina Alfonso, directora del Instituto de Filosofía, llamó a preservar los espacios seguros construidos por las mujeres cubanas durante décadas y a fortalecer su liderazgo en los ámbitos donde se toman decisiones.
“Muchas veces, al ser Cuba una isla, nos vemos aislados de lo que nos está sucediendo como región”, dijo, al recordar los vínculos históricos y culturales con otros países del Caribe y los desafíos compartidos, como el embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres.
En ese contexto, Alfonso se refirió a las 176 medidas que el Estado cubano aprobó recientemente, un paquete de reformas como respuesta a la crisis múltiple que atraviesa el país.
participación en los espacios donde se toman decisiones. Foto: SEMlac Cuba.
Aclaró que no se trata de valorarlas como buenas o malas, sino de advertir que, al buscar alternativas económicas, pueden llevar detrás una dimensión ética que alimente el individualismo, el egoísmo, el patriarcado y el racismo, que agudice las disputas por los sentidos de vida que las mujeres han defendido.
Puso como ejemplo el trabajo a distancia o teletrabajo: la flexibilidad laboraló, puede traducirse en mayor sobrecarga, cuando el empleo se traslada al hogar y se suma a las tareas domésticas y de cuidado, con repercusiones en el descanso, la salud y las oportunidades de educación, explicó.
También alertó que en los barrios ya crecen la violencia, el patriarcado, el racismo y el individualismo, y llamó a recuperar los espacios seguros que las mujeres han construido.
Frente a esos riesgos, sostuvo que acciones de formación de las mujeres en materia de derechos y equidad de género, como las que impulsó el proyecto, necesitan acompañarse de una participación efectiva de ellas en los espacios de decisión.
Para la investigadora, promover un liderazgo feminista permite incidir en los gobiernos locales y en las instituciones vinculadas con la prevención y atención de las violencias, así como exigir el cumplimiento de las políticas aprobadas.
“Esto no es solo para mujeres, es para mujeres y hombres”, enfatizó, al subrayar la importancia de involucrar a toda la sociedad en la transformación de las relaciones de género.
cierre del proyecto “Políticas públicas y liderazgo feminista de mujeres en La Habana”. Foto: SEMlac Cuba.
La articulación entre organizaciones, instituciones y colectivos fue una de las apuestas del proyecto, que reunió a la Red Feminista Berta Cáceres, la Red Feminista de la Universidad de La Habana, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. (CMLK) y el proyecto No Más, enfocado en la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en Cuba.
El desafío, sostuvo Alfonso, está en que los territorios se apropien de las herramientas, mantengan las alianzas y continúen llevando las políticas públicas hacia donde adquieren sentido: la vida concreta de las mujeres.
