La Habana (SEMlac).- La falta de apoyo familiar y las dificultades durante los procesos judiciales pueden profundizar las secuelas emocionales del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, advierte un estudio que sistematiza la experiencia de los servicios especializados en esta materia del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), entre 2015 y 2022.
El informe “Prevención del abuso sexual y otras expresiones de maltrato infantil. Experiencias del Cenesex”, elaborado por las especialistas Ana María Cano López, Carla Padrón Suárez, Mérida Cano Amador y Nadina Peñalver Díaz, tuvo en cuenta la revisión de historias clínicas y otros documentos de 432 niñas, niños y adolescentes atendidos en esa institución en un periodo de siete años.
Aunque no se basa en una muestra representativa ni pueden generalizarse sus hallazgos, la sistematización aporta información cualitativa acerca de experiencias personales y familiares del abuso sexual infantil en el contexto cubano.
Entre las principales problemáticas identificadas predominó el abuso sexual lascivo, junto a sospechas de agresiones en el hogar, violaciones, violencia intrafamiliar y otras formas de maltrato físico y psicológico, apuntan las autoras del artículo publicado en la revista Sexología y Sociedad.
También confirman que recibieron solicitudes de orientación relacionadas con otras expresiones de maltrato infantil, como el físico y el psicológico, temas de crianza y conflictos familiares que tienen repercusión en el comportamiento infantil.
Hay además otras problemáticas atendidas en los servicios especializados del Cenesex que se vinculan jurídicamente con violaciones, corrupción de menores, pederastia con violencia, violencia intrafamiliar, sospechas de abuso sexual y otros hechos asociados al maltrato de la infancia, puntualiza el artículo.
Las autoras señalan que, si bien durante años predominó la atención a niñas y adolescentes, en el período más reciente se observa una tendencia a la equiparación de los casos por sexo. En 2018 se atendieron 68 menores: 40 niñas y 28 niños. En 2022, la cifra fue de 67, con 34 niñas y 33 niños.
Advierten, además, que la disminución de consultas presenciales durante 2021, en el contexto de la pandemia de la covid-19, no debe interpretarse como una reducción de los abusos. El cambio hacia la atención telefónica limitó el acceso al servicio y dificultó la comunicación con la población infantil mediante recursos como el juego y el dibujo.
Secuelas emocionales y desigualdades de género
Entre las afectaciones observadas en las víctimas figuran ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo, vergüenza, rabia, sentimientos de culpa e ideas suicidas. También se identificaron dificultades de aprendizaje, aislamiento social, agresividad y problemas de atención y concentración, entre otras manifestaciones.
En la esfera comportamental, reconocen la presencia de enuresis, trastornos del sueño, dificultades en el aprendizaje, intentos suicidas, conocimiento precoz de temas sexuales, vocabulario y conducta inapropiada para sus edades, trastornos de la alimentación, agresividad, aislamiento social, hiperactividad, dificultades en la atención y en la concentración.
Las autoras subrayan que estas señales requieren una evaluación profesional cuidadosa y que no todas las víctimas necesitan una intervención terapéutica, aunque todas precisan apoyo de su entorno para afrontar lo ocurrido.
Uno de los elementos centrales del análisis es el vínculo frecuente entre las víctimas y sus agresores, que suelen ser familiares —como padres, padrastros, tíos o abuelos—, o personas cercanas, entre ellas vecinos y amistades de la familia.
En muchos casos, el abuso se prolonga en el tiempo y se sostiene mediante amenazas, manipulación y engaño; “en pocos casos hubo empleo de fuerza física”, agregan.
Las conclusiones del estudio precisan que las víctimas de abuso sexual infantil experimentan heridas emocionales asociadas al abandono, el rechazo, la traición y la injusticia.
“Como en la mayoría de los casos existe un vínculo muy cercano y de responsabilidad con el agresor, los niños sienten que han sido traicionados y dañados por la persona que los debía proteger y cuidar”, argumentan.
Esto les genera dudas, sentimientos de ambivalencia, minusvalía y auto culpabilidad, lo que atenta directamente contra su autoestima y amor propio.
Mientras algunas víctimas asumen conductas autodestructivas, como el consumo de sustancias tóxicas, muestran rebeldía, hipersexualidad o conductas desafiantes ante la autoridad, puede suceder lo opuesto, describen las expertas: caer en la pasividad, la introversión, el rechazo al contacto físico con cualquier persona, la incomunicación y dificultades para canalizar sentimientos y emociones.
Las especialistas aseguran que la respuesta del entorno puede marcar una diferencia decisiva: mientras una escucha atenta y sin cuestionamientos ayuda a las víctimas a sentirse protegidas, la incredulidad, la culpabilización o el rechazo pueden profundizar el sufrimiento y favorecer el silencio.
El estudio también relaciona el maltrato infantil con dinámicas de violencia de género al interior de los hogares y la exposición a agresiones entre las personas cuidadoras, lo que puede afectar la salud emocional de niñas, niños y adolescentes y contribuir a reproducir comportamientos violentos.
Además, describe estereotipos de género que, desde edades tempranas, influyen en la crianza: a las niñas se les exige obediencia, pasividad y dependencia, mientras a los niños se les asocia con la fuerza y la resolución agresiva de los conflictos. Estos patrones limitan el desarrollo de relaciones igualitarias y el ejercicio de los derechos infantiles, explican las especialistas.
Atención integral vs. revictimización
Enfocado en la atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil, el servicio especializado del Cenesex trabaja para favorecer su bienestar psicológico y emocional, a la par de prevenir que vuelvan a sufrir situaciones de victimización, detallan las expertas.
Creado en 2005 con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), su labor abarca también a las familias y al entorno social de niñas, niños y adolescentes.
La investigación que resume la práctica de esos servicios recoge también la inconformidad expresada por numerosas familias con los procesos jurídico-penales, debido a demoras, maltrato y cuestionamientos a las familias, cierres de casos por falta de pruebas y experiencias que pueden generar revictimización, entre otras experiencias desfavorables.
“La mayoría de los casos que no cuentan con una red de apoyo desisten del proceso legal de justicia, terminan guardando silencio y sufriendo aisladamente por todo lo vivido, generándose grandes malestares en su interior que se van a ir desatando a mediano y largo plazo, a partir de enfermedades psicosomáticas, deficiencias en el mundo escolar y laboral, dinámicas familiares disfuncionales y el establecimiento de posibles vínculos amorosos disfuncionales”, indica el artículo.
Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la orientación psicológica, la evaluación especializada y el acompañamiento a las familias, así como garantizar una respuesta institucional que evite responsabilizar a las víctimas por las agresiones sufridas.
“Ratificamos que predominan las familias con escasos recursos psicológicos y muy bajas redes de apoyo para afrontar tales problemáticas, lo que ha repercutido, en algunos casos, en la evolución tórpida de los menores”, suscriben las autoras.
La atención integral y el apoyo del entorno son fundamentales para la recuperación y la reincorporación social de quienes han vivido estas experiencias, precisan. También insisten en la importancia de promover una cultura de derechos de la infancia con perspectiva de género, capaz de reconocer el maltrato, romper el silencio y proteger a niñas, niños y adolescentes.
