Guadalajara, México (SEMlac).- No es suficiente un discurso melodramático. No es suficiente apelar a la condición humana para justificar los errores del poder. No es suficiente reconocer los excesos de otros. No es suficiente anunciar que todas las personas detenidas han sido liberadas. No es suficiente pedir disculpas cuando no se asume plenamente la responsabilidad ética y política de lo ocurrido.
No es suficiente, gobernador Pablo Lemus, porque los derechos humanos no se garantizan con palabras, sino con acciones.
Lo ocurrido el pasado 11 de octubre en Guadalajara, cuando miles de personas salieron a las calles para exigir algo tan elemental como agua limpia, constituye un episodio que no puede reducirse a un operativo policial que se salió de control.
Estamos frente a la represión de una protesta social legítima, frente al uso de la fuerza pública contra personas que ejercían su derecho a manifestarse y frente a una respuesta gubernamental que pretende cerrar una crisis política con un mensaje cuidadosamente construido para despertar empatía.
El gobernador comenzó su mensaje diciendo: “antes que gobernador soy persona”. Y es precisamente ahí donde comienza el problema. Nadie cuestiona su condición humana. Lo que cuestionamos es el ejercicio del poder. No nos interesa si antes de ser gobernador es hombre, padre, esposo o ciudadano. Nos interesan sus decisiones como titular del Poder Ejecutivo.
Apelar a la dimensión personal para responder a una responsabilidad pública reproduce una lógica patriarcal del poder: la del gobernante que espera comprensión por sus sentimientos, mientras las personas gobernadas siguen esperando justicia por las consecuencias de sus decisiones.
No, gobernador. No necesitamos que nos recuerde su humanidad. Necesitamos que ejerza su responsabilidad constitucional.
Porque gobernar no es conmover. Gobernar es garantizar derechos. Y cuando el Estado utiliza la fuerza contra quienes protestan por la falta de agua limpia, no estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos y que deben investigarse con independencia, transparencia y perspectiva de derechos.
No es suficiente anunciar que todas las personas detenidas recuperaron su libertad. Hay que decir también que recuperar la libertad no necesariamente significa que las investigaciones penales hayan concluido ni que las personas hayan quedado libres de imputaciones.
Hay que explicar con claridad quiénes continúan sujetos a investigaciones o procesos judiciales, bajo qué condiciones y con qué garantías. Hay que esclarecer las denuncias de detenciones arbitrarias, golpes, malos tratos, posibles actos de tortura y obstáculos para acceder a la defensa legal. La libertad física no equivale automáticamente a justicia.
No es suficiente reconocer que hubo un uso excesivo de la fuerza y anunciar investigaciones internas. Es indispensable determinar quién dio las órdenes, quién ejecutó las agresiones, quién permitió que ocurrieran y cuáles fueron las responsabilidades de los mandos superiores.
La cadena de mando no desaparece cuando el gobernador reconoce errores de sus subordinados. La responsabilidad política tampoco puede diluirse en la actuación individual de los policías.
No es suficiente prometer reparación del daño. Se requiere una reparación integral, efectiva y verificable para las víctimas, que contemple atención médica y psicológica, restitución de derechos, compensación cuando corresponda y medidas de satisfacción. Tampoco es suficiente prometer que no volverá a ocurrir.
Las garantías de no repetición deben traducirse en protocolos claros, controles efectivos sobre el uso de la fuerza, capacitación, supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas. Una promesa no es una garantía.
No es suficiente hablar de reconciliación cuando todavía no conocemos toda la verdad. La verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad. No puede construirse únicamente desde la versión gubernamental, ni quedar condicionada a los videos que decida mostrar el propio gobierno. Es necesario escuchar a las personas afectadas, a sus familias, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a quienes documentaron los hechos.
Desde una mirada feminista, resulta particularmente preocupante la manera en que el poder político utiliza el lenguaje de las emociones para desplazar el debate sobre sus obligaciones.
La masculinidad tradicional ha construido históricamente la figura del gobernante protector, del hombre fuerte que puede equivocarse, reconocerlo y esperar que su gesto sea suficiente para recuperar la confianza. Pero la democracia no necesita gobernantes que representen el papel de hombres sensibles. Necesita autoridades responsables, capaces de someter sus decisiones al escrutinio público y de responder por sus consecuencias.
También hay que decirlo: detrás de esta protesta existe una crisis profunda del derecho humano al agua. Miles de familias en la zona metropolitana de Guadalajara enfrentan las consecuencias de recibir agua sucia, de mala calidad o de manera irregular.
Son las mujeres quienes, por la distribución desigual de los trabajos de cuidados, suelen asumir una carga adicional cuando falta el agua: conseguirla, almacenarla, administrarla, limpiar, cocinar y cuidar a niñas, niños, personas mayores o enfermas. La crisis del agua también es una crisis de cuidados y de desigualdad de género.
Y frente a esa realidad, la respuesta no puede ser el gas lacrimógeno, los chorros de agua a presión ni las detenciones. Resulta profundamente contradictorio que una ciudadanía que sale a exigir agua limpia termine enfrentándose a un aparato policial que utiliza agua para dispersar su protesta.
No es suficiente intentar explicar la violencia atribuyéndola a grupos de choque sin esclarecer de manera individualizada las conductas y responsabilidades. La presencia de hechos violentos no autoriza al Estado a castigar indiscriminadamente a quienes ejercen pacíficamente su derecho a la manifestación. La protesta social no es una concesión del gobierno. Es un derecho humano y una expresión indispensable de la vida democrática.
El gobernador ha dicho que reconoce los errores y que corregirá. Entonces que lo demuestre. Que garantice investigaciones independientes. Que informe públicamente sobre la situación jurídica de todas las personas detenidas. Que asegure verdad, justicia y reparación integral. Que establezca garantías reales de no repetición. Que presente soluciones verificables a la crisis del agua. Y que asuma, sin rodeos ni recursos melodramáticos, la responsabilidad ética y política que corresponde a su investidura.
Porque el problema no es que Pablo Lemus sea humano y pueda equivocarse. El problema es que encabeza un gobierno obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa obligación no se suspende por un discurso emotivo ni se satisface con una disculpa.
La democracia no se mide por la capacidad de un gobernador para conmover frente a una cámara, sino por su capacidad para responder ante quienes cuestionan su poder. Y una sociedad democrática no debe conformarse con palabras cuando lo que está en juego es la dignidad, la libertad y la integridad de las personas.
No es suficiente, gobernador. No basta con reconocer. Hay que responder. No basta con liberar. Hay que garantizar justicia. No basta con lamentar. Hay que reparar. No basta con prometer que no volverá a suceder. Hay que transformar las condiciones que lo hicieron posible.
Porque los derechos no se agradecen, se exigen. Y porque ninguna lágrima, ninguna disculpa y ningún discurso pueden sustituir la responsabilidad de gobernar.
Por eso, y por mucho más, sus palabras no son suficientes.
*La autora es Doctora en Ciencias. Coordinadora Regional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
