Nueva York, (SEMlac / ONU Noticias).- Se estima que en 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más, y que esa cifra alcanzará los 1.130 millones en 2050. Pese a ello, las mujeres mayores siguen siendo “invisibles” en las leyes, los datos y los servicios contra la violencia. Ellas sufren explotación de sus pensiones y propiedades, exclusión digital, denegación de atención sanitaria y barreras para denunciar. Las viudas, las migrantes, las rurales y las mujeres con discapacidad están especialmente en riesgo.
Reem Alsalem, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, denunció el 8 de octubre que las mujeres mayores de todo el mundo sufren violencia, explotación y abandono, pero siguen siendo “en gran medida invisibles” en las leyes, las políticas, los datos y los servicios diseñados para protegerlas.
“Las mujeres no deberían perder su derecho a vivir libres de violencia porque envejezcan”, afirmó Alsalem en su último informe a la Asamblea General de la ONU. “Con demasiada frecuencia, el edadismo y el sexismo se combinan para hacer invisible la violencia contra las mujeres mayores, tolerarla o tratarla como una parte inevitable del envejecimiento”.
El informe examina la violencia contra las mujeres mayores como una forma “distinta e interseccional” de violencia, surgida de la interacción de la discriminación por razón de sexo, el edadismo y las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de las mujeres.
“Las mujeres mayores son titulares de derechos, portadoras de conocimiento y miembros activos de la sociedad. Su edad nunca debe usarse para disminuir su dignidad, su autonomía o su protección”, subrayó la experta.
Violencia física, económica y digital
El informe identifica violencia física, psicológica, sexual y económica, así como control coercitivo, negligencia, abandono y violencia facilitada por la tecnología.
Señala que las mujeres mayores pueden enfrentarse a la explotación de sus pensiones y propiedades, la exclusión digital, la denegación de atención sanitaria o dispositivos de asistencia y barreras para denunciar y acceder a la justicia.
La violencia puede ocurrir en los hogares, las comunidades, las instituciones de cuidado, las prisiones y los entornos de crisis y conflicto. El informe subraya que las mujeres mayores pueden quedar excluidas de los servicios y los datos, mientras que la violencia sexual contra ellas sigue estando infrarreconocida.
Alsalem encontró que las viudas, las mujeres migrantes y apátridas, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres en instituciones de cuidado y las mujeres afectadas por conflictos y crisis humanitarias están particularmente en riesgo.
Decisiones sobre el final de la vida
La relatora especial destacó las decisiones relativas al tratamiento médico y el final de la vida.
“Cuando una mujer mayor vive en la pobreza, la discapacidad, el aislamiento o la dependencia de otros para su cuidado, debemos estar atentos a las presiones que pueden condicionar las opciones disponibles para ella. Ninguna mujer debería sentirse una carga por haber alcanzado una edad avanzada o necesitar apoyo”, declaró.
Alsalem instó a los Estados a reconocer y abordar explícitamente la violencia contra las mujeres mayores en las leyes, las estrategias nacionales y los programas de prevención y respuesta, a recopilar datos desagregados por edad y sexo, a reforzar los mecanismos accesibles de denuncia, protección, justicia y reparación y a garantizar la formación de los profesionales de las fuerzas del orden, la judicatura, la salud y los servicios sociales.
Pidió además una protección social más sólida, pensiones, vivienda, atención sanitaria, servicios paliativos y de cuidado, y medidas para prevenir la explotación económica y el aislamiento.
