Guadalajara, México (SEMlac).- Karla Margarita Pérez Jiménez tenía 22 años. Estudiaba Medicina. Había dejado Irapuato para venir a Jalisco a perseguir un sueño: convertirse en médica. Tenía proyectos, familia, amistades y toda una vida por delante.
Karla hizo algo que millones de mujeres hacemos todos los días: trasladarse de un lugar a otro. Tomar un transporte. Regresar a casa.
Pero Karla no regresó.
Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre en un sembradío de Zapopan, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Presentaba signos de violencia. La Fiscalía de Jalisco detuvo posteriormente a Eduardo Isaac “N”, conductor de transporte mediante plataforma, y lo imputó por el delito de feminicidio.
Pero hay otra responsabilidad que debemos discutir. La responsabilidad de un Estado en el que las mujeres seguimos organizando nuestras vidas alrededor del miedo.
Avisar que ya llegamos. Compartir nuestra ubicación. Mandar la placa del automóvil. Tomar captura del nombre del conductor. Escribir “ya voy”. Mirar por dónde avanza el vehículo. Llamar a alguien durante el trayecto. Fingir que nos esperan.
¿Cuántas estrategias de supervivencia hemos normalizado las mujeres simplemente para desplazarnos por nuestras ciudades?
El feminicidio de Karla no puede contemplarse solamente como un hecho aislado ni reducirse a la conducta de un presunto agresor. Obliga a mirar el contexto de violencia feminicida en Jalisco y, particularmente, la capacidad de las instituciones para prevenirla.
De enero a julio de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres citada por medios locales, en Jalisco se habían registrado 57 muertes violentas de mujeres, de las cuales 15 habían sido clasificadas como feminicidios.
Y aquí debemos detenernos.
Porque feminicidio y asesinato de una mujer no son necesariamente categorías estadísticas equivalentes. La manera en que las fiscalías investigan y clasifican las muertes importa. Por eso hemos insistido durante tantos años en algo elemental: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio hasta demostrar lo contrario.
No es una discusión semántica. Es una obligación del Estado.
Jalisco conoce desde hace años la gravedad de la violencia feminicida. El propio sistema estatal registra 70 feminicidios en 2020, 73 en 2021, 38 en 2022, 36 en 2023, 29 en 2024 y 30 en 2025. Sin embargo, los asesinatos de mujeres rebasan el centenar cada año.
Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas para que dejemos de administrar la violencia y comencemos verdaderamente a prevenirla?
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió, precisamente a raíz del asesinato de Karla, que el caso vuelve a evidenciar problemas en los resultados, continuidad y transparencia de los mecanismos de protección para las mujeres en Jalisco.
Una alerta que no alerta, una política que llega después del asesinato y una institución que solamente reacciona cuando una mujer ya está muerta no pueden convertirse en nuestra normalidad.
La detención de un presunto responsable es indispensable. La investigación diligente, la correcta tipificación del delito, el debido proceso y una eventual sentencia son fundamentales para garantizar justicia y evitar la impunidad.
Pero la justicia no puede comenzar en la carpeta de investigación. Tiene que empezar antes.
Empieza con calles iluminadas, transporte seguro, regulación y vigilancia efectiva de las plataformas, mecanismos de reacción inmediata frente a desapariciones, espacios universitarios seguros y políticas públicas construidas a partir de información que permita identificar dónde, cómo y en qué condiciones están siendo violentadas las mujeres.
Y empieza también cuestionando a una sociedad que continúa enseñándonos a las mujeres cómo protegernos en lugar de enseñar a los hombres a no violentarnos.
Por eso hay algo profundamente político en pronunciar su nombre: Karla Margarita Pérez Jiménez.
Nombrarla es negarnos a que se convierta en una cifra más.
Pero nombrarla también nos obliga a mirar a todas las demás.
A las asesinadas. A las desaparecidas. A quienes sobrevivieron a una tentativa de feminicidio. A quienes denunciaron y no fueron escuchadas. A quienes todavía hoy modifican sus rutas, sus horarios, su ropa y sus vidas porque tienen miedo.
Durante décadas las feministas hemos repetido una consigna que debería avergonzar a cualquier democracia que todavía necesitemos pronunciarla:
¡Vivas nos queremos!
La autora es Doctora en Ciencias. Coordinadora Regional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
