La iniciativa busca sancionar con hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas que incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción a investigaciones sobre muertes violentas de mujeres y niñas bajo protocolo de feminicidio.
Consideran que la ley intenta borrar la protección jurídica específica de las mujeres. “No aceptamos ni para nosotras, ni para ninguna mexicana este desmantelamiento del marco jurídico”, expresó Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Mx.
Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. Había llegado de España para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 12 de septiembre fue asesinada en Cuautla.
Karla Margarita Pérez Jiménez tenía 22 años. Estudiaba Medicina. Había dejado Irapuato para venir a Jalisco a perseguir un sueño: convertirse en médica. Tenía proyectos, familia, amistades y toda una vida por delante.
Desde el inicio del actual gobierno, que generó mucha esperanza en algunos sectores, Bolivia lleva cerca de un año en una sala de espera en situación de crisis y no recibe atención.
El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, España, ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, Morelos, se sumó a los 70 feminicidios en esa entidad que han ocurrido este año, lo que representa una víctima cada cuatro días.
Ley del feminicidio incluirá un capítulo para sancionar a los funcionarios públicos que obstaculicen las justicia, luego de 800 propuestas para cambiar la iniciativa