Cd. de México (SEMlac).- Estamos aquí para enriquecer una iniciativa de enorme trascendencia y asumir con seriedad la responsabilidad legislativa que nos corresponde, sostuvo la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, durante la apertura de las Mesas de Diálogo análisis y propuestas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
En la casona de Xicotencatl, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, de Justicia y Asuntos Legislativos Primera, sostuvo que por encima de cualquier diferencia política, partidista e institucional, en esta mesa se trabaja para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y construir una respuesta del Estado capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
Ante senadores, sociedad civil, familias de víctimas de feminicidio, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, académicos y funcionarios públicos, Micher Camarena destacó que, pese a las diferencias, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaun abre una oportunidad histórica para homologar el delito de feminicidio, establecer estándares nacionales de investigación, fortalecer la prevención, combatir la impunidad, etcétera, etcétera.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género expuso que se recibieron 796 propuestas legislativas referidas a los 62 artículos y a los 12 transitorios que integran el proyecto.
En total, añadió, 174 personas se registraron para formular propuestas concretas de modificación, adición o revisión y a ellas se suman más de 90 personas que se inscribieron para asistir y acompañar los trabajos de este foro.
Además, llegaron directamente aportaciones de la gobernadora del estado de Veracruz, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. Así como de las fiscalías de Morelos, Guanajuato, Chiapas, de la Ciudad de México, y tuvieron observaciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de senadoras y senadores.
Hubo pluralidad en las aportaciones, dijo la senadora morenista, quien sostuvo que no son solo cifras, el desafío consiste en convertir esta pluralidad de perspectivas en disposiciones coherentes, aplicables y respetuosas de las competencias de cada autoridad.
Pidió no olvidar que el feminicidio es un “gravísimo delito que se comete contra nosotras; nos ha unido mucho más de lo que imagina el patriarcado y quienes le apuestan a no llegar a acuerdos”.
Aseguró que todas las propuestas pueden incorporarse en los términos que fueron presentadas y afirmó que en esta deliberación ocupan un lugar central las familias de las víctimas, las sobrevivientes de tentativa de feminicidio, las colectivas y las defensoras que durante años han acompañado casos, buscado pruebas, señalado emisiones y exigido la actuación de las autoridades.
En su momento, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, agradeció la presencia de liderazgos pioneros en la causa del combate al feminicidio y, por supuesto, a familias de las víctimas; aseguró que su experiencia permite mirar la distancia que todavía existe entre lo que describen nuestras leyes y lo que realmente ocurre cuando una familia exige justicia.
Dijo que la propuesta de ley está orientada a consolidar un marco nacional que supere la fragmentación normativa, que mejore las investigaciones, proteja a las víctimas y abata la impunidad.
El exgobernador de Chihuahua resaltó que, cuando la violencia ha llegado a su consecuencia más grave, el Estado tiene la obligación de actuar con una diligencia reforzada, lo que conlleva investigar de oficio, con perspectiva de género, sin estereotipos, de manera pronta, oportuna y exhaustiva y con capacidad para explicar el contexto en el que ocurrió la muerte.
Corral Jurado sostuvo que habrá coincidencias que permitan avanzar y diferencias que requieran una deliberación más profunda. Todas deberán ser atendidas con responsabilidad.
A su vez, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, reconoció la labor de Marcela Lagarde y de los Ríos, de quien aprendió sobre las luchas feministas y quien es responsable de que el feminicidio sea considerado como un delito.
Calificó como indispensable homologar el delito y las capacidades del Estado para prevenir, proteger, investigar y atender, no sólo para la sanción, sino en toda la cadena que provoca esta anomia social.
Dijo que una ley general será verdaderamente nacional cuando una mujer pueda acceder a un mismo estándar de protección, independientemente del estado, municipio o comunidad donde viva. Eso exige instituciones especializadas, personal preparado, información útil, coordinación efectiva y recursos suficientes para convertir las obligaciones jurídicas en capacidades reales del Estado.
La meta debe ser una ley que permita actuar antes, proteger a tiempo, investigar con rigor, sancionar con justicia y avanzar hacia la erradicación de la violencia feminicida.
Eso debe ser nuestro horizonte, que todas las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho humano a vivir libre de violencia.
La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta de la Mesa Directiva, sostuvo que la actual presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Laura Itzel Castillo tiene claro que este es un tema que va a representar un inicio, lo que hará ella al llegar a la Secretaría de las Mujeres.
Recordó que en 2022 se hizo un análisis en el Senado a partir de un esfuerzo entre la Mesa Directiva y también la Comisión de Igualdad, para ubicar todas aquellas leyes que correspondan a los temas de las mujeres para saber en qué estatus estaba en cada uno de los estados.
Camino Farjat expresó que fue grande la sorpresa al ver que había unas disparidades, desigualdades entre los supuestos, entre las sanciones, que no habían especificadas las comunicaciones entre cada estado.
Y ahí, muchas que nos metimos a ese análisis y también en las conversaciones que tenemos en el Senado, entendimos, por ejemplo, problemas que se dan entre estados diferentes, en donde tenemos actores, tenemos víctimas y victimarios de estados diferentes.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Karina Margarita del Río Zenteno, dijo que en Chiapas el delito de feminicidio se castiga con 100 años de prisión la máxima pena.
Agregó que en los estados del país se han aprobado leyes que no han llegado al Congreso federal y que deberían revisar las legislaciones locales y tratar de que las que sea posible elevarlas a rango constitucional, o a rango de leyes generales o federales, se haga posible.
Sostuvo que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio no sólo es un proyecto jurídico, es un acto de memoria, de dignidad, y de compromiso.
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Del Río Zenteno afirmó citó algunas cifras sobre la violencia sufridas por mujeres mayores de 15 años y dijo que en 2024, 855 feminicidios fueron registrados, pero detrás de cada cifra hay una historia que nunca debió terminar así.
Por eso esta ley busca armonizar legislaciones, garantizar que el feminicidio sea imprescriptible, y establecer protocolos nacionales que aseguren investigaciones con perspectiva de género, porque la justicia tardía también es una forma de violencia.
Se pronunció por la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños, y Adolescentes en orfandad por feminicidio. Porque el feminicidio no sólo arrebata una vida, deja huellas profundas en quienes dependían de la persona agredida.
Además, sostuvo que la propuesta de Ley responde a compromisos internacionales que México ha asumido como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con ello, buscamos saldar una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia y con sus familias.