Cd. de México (SEMlac).- La exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, urgió al Gobierno de la República a una alianza nacional y a un pacto nacional en favor de la protección y la justicia de las mujeres, como una condición mínima para disminuir los delitos y feminicidios contra las mexicanas.
Paralelamente, le propuso al gobierno, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos lanzar una cruzada de capacitación a candidatas y autoridades electorales en el conocimiento del marco jurídico conquistado por las mexicanas.
Así lo expresó en el marco del Encuentro Nacional por los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y la Democracia Paritaria, organizado por el INE el 16 de octubre con motivo del 73.º aniversario del voto femenino en México. Y acotó: que “sepan cosas tan elementales como no permitir que su marido les sugiera que nombre director de Adquisiciones o que nombre a un hijo jefe de la Policía”, cuando sean presidentas municipales.
Beatriz Paredes Rangel, que se confiesa feminista, en una prosa y actitud serenas —como lo hizo después en el VI Encuentro Nacional de Mujeres Políticas, celebrado en Xalapa, capital de Veracruz—, explicó a las mujeres que quieren posiciones de representación política que tomen conciencia de su papel en esta hora de México, donde campea la polarización y crece la violencia contra las mujeres, y les dijo que sean capaces de aliarse.
Esta controvertida política, que ha sido precandidata a la presidencia de la República, intervino en el Encuentro Nacional del INE, donde participaron especialistas, legisladoras, juzgadoras, representantes partidistas y de organismos internacionales que plantearon fortalecer los mecanismos institucionales para la protección, formación, acceso a la justicia y participación política de las mujeres.
Actualmente, además del Ejecutivo nacional, hay 13 gobernadoras, más de 500 legisladoras nacionales y locales, y cientos de presidentas municipales en el 34 por ciento de los más de 2.500 municipios.
Son mujeres que están en el poder y muchas no pueden ejercerlo, o no lo hacen desde una conciencia feminista o de género, como dijeron en el encuentro de Xalapa, organizado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, donde se dejó en claro que muchas llegan a los puestos de decisión sin herramientas conceptuales y sin compromisos con las mujeres.
Ambos encuentros, alrededor del 17 de octubre, fecha en que se conmemora el voto femenino, formaron parte de una docena de actividades reflexivas sobre el papel de las mujeres en la política, de cara al proceso electoral en curso que definirá 17 gubernaturas y 31 congresos locales en 2027, alcaldías y consejerías en todo el país.
Entre las propuestas de las participantes en el INE con mayor coincidencia está la creación de redes de acompañamiento para mujeres en el ejercicio del cargo, el fortalecimiento de instancias especializadas de defensa jurídica, la prevención de prácticas de simulación en materia de paridad y acciones afirmativas ante la violencia política, así como mayores mecanismos de capacitación y financiamiento para la participación política de las mujeres.
En el panel “Avances en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres en México”, moderado por la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND), participaron, además de Paredes Rangel, que integra el Consejo Técnico de la Confederación Nacional Campesina, Olga Sánchez Cordero, diputada federal; Amalia García Medina, senadora de la República y Eleonora Betancur González, representante en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
En esta mesa se propuso impulsar un pacto nacional en favor de la protección y la justicia para las mujeres, promover acciones de prevención del delito y aplicación de la justicia con participación de personas tomadoras de decisiones, robustecer el papel de la Secretaría de las Mujeres en el diseño de políticas públicas y avanzar en medidas de paridad desde una perspectiva regional.
Asimismo, se planteó que el INE y los organismos públicos locales, con respaldo de ONU Mujeres, capaciten y formen a mujeres candidatas de todos los partidos políticos.
En el análisis de la paridad a la igualdad sustantiva en México, moderado por la abogada María del Carmen Alanís Figueroa, participaron las diputadas federales Gabriela Georgina Jiménez Godoy y Patricia Mercado Castro; Joanna Felipe Torres, legisladora local del Estado de México, y Janine Otálora Malassis, quien fue magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ahí las participantes plantearon crear redes institucionales de respaldo jurídico y acompañamiento para mujeres en el ejercicio del poder; fortalecer y dotar de recursos permanentes a la Defensoría de Mujeres y de Mujeres Indígenas del TEPJF; reconstruir alianzas transversales entre legisladoras de distintas fuerzas políticas; implementar mecanismos de alternancia de género y promover programas de mentoría para el relevo generacional de liderazgos políticos femeninos.
En la mesa “Mujeres en campaña: pauta paritaria, financiamiento para la obtención del voto y para capacitación para el liderazgo político de las mujeres (tres por ciento del gasto ordinario)”, moderado por el consejero Arturo Castillo Loza, integrante de la CIGyND, participaron Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Superior del TEPJF; Kenia López Rabadán, diputada federal; Martha Tagle Martínez, consultora en género y derechos humanos, y Gloria Alcocer Olmos, directora general de la revista Voz y Voto.
Entre las propuestas de esta mesa destacaron separar el financiamiento destinado al liderazgo político de las mujeres de los recursos dirigidos a la prevención, erradicación y sanción de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG); definir consecuencias efectivas por irregularidades en el uso del tres por ciento destinado al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres; incorporar criterios de interseccionalidad en la planeación de estos recursos, y establecer esquemas permanentes de capacitación.
En el panel final “Paridad, interseccionalidad y acciones afirmativas en las elecciones”, moderado por la consejera Humphrey Jordan, participaron la investigadora Karolina Gilas; la especialista en derecho electoral e interseccionalidad Adriana L. De Cervantes; Marisol Rovira Castillo, presidenta del Comité Directivo Estatal de PAZ en Morelos, y Alejandra Molina Yarza, secretaria para la Inclusión del partido SOMOS.
Las participantes propusieron crear una defensoría pública especializada para la atención preventiva de casos de VPMRG; diseñar protocolos de acreditación para acciones afirmativas que eviten prácticas de simulación y protejan los derechos de las personas postuladas; crear estructuras permanentes de inclusión dentro de los partidos políticos, y fiscalizar el cumplimiento de los recursos destinados a la capacitación política de las mujeres y a las candidaturas vinculadas con acciones afirmativas.
Los razonamientos y propuestas de Paredes Rangel fueron:
- Que el Gobierno de México convoque a una gran reunión nacional de prevención del delito y aplicación de la justicia en favor de las mujeres, a la que concurran los gobernadores de todos los estados de la República, los fiscales de todas las entidades federativas, los secretarios de Seguridad, las comisiones del Congreso de la Unión vinculadas con el tema, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.
- Que en esa reunión se haga un pacto nacional en favor de la protección y la justicia pertinente para las mujeres, que permita reducir a su mínima expresión el catálogo de delitos y feminicidios contra las mujeres. Me parece que el tema de la violencia contra las mujeres requiere de una gran alianza, de una gran alianza nacional, dijo.
- Que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con los institutos estatales electorales, realice un gran proceso de capacitación y formación, con el respaldo de ONU Mujeres, para todas las mujeres candidatas, en todos los niveles, de todos los partidos.
La capacitación de las mujeres no solo debe ser un tema de los partidos; en opinión de Paredes Rangel debe ser un tema de las autoridades electorales.
¿Por qué? Porque necesitamos que nuestras candidatas a nivel municipal —por ejemplo, a regidoras de cualquier partido, a presidentas municipales, a diputadas locales, etcétera— sepan que hay una ley orgánica municipal, sepan que hubo la Convención Internacional de las Mujeres y que hay un conjunto de derechos compartidos por todo el mundo que suscribió nuestro país; tengan un soporte básico, detalló.
Urge un proceso de aprendizaje del ejercicio del poder, a partir de la comprensión y la reflexión sobre el marco jurídico que hemos conquistado las mujeres en el ámbito internacional y sobre el marco jurídico que compete en el ámbito nacional.
