Cd. de México (SEMlac).-. La iniciativa presidencial de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio no tendrá futuro sin presupuesto suficiente,coincidieron activistas, académicas, funcionarias federales y estatales, fiscales y legisladoraspresentes en la primera mesa de diálogo y examen a que llamaron las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos I. del Senado de la República.
“Ninguna ley, ninguna política pública sin presupuesto suficiente puede materializarse. Se convierte simplemente en un conjunto de promesas que sabemos que serán incumplidas. Se necesitan recursos y recursos para que el Estado mexicano, efectivamente, pueda prevenir los feminicidiosy garantizar plenamente sus derechos a las víctimas”, resumió Karla Michel, asesora de la comisión de igualdad que preside Marta Lucía Michel Camarena.
El examen de la iniciativa, realizado durante una maratónica reunión de casi 10 horas, también planteó la urgencia de emprender cambios en el sistema judicial para abatir la impunidad, así como la necesidad de emprender una campaña de cambio cultural. Se dijo que esta ley requiere una acción de Estado que modifique la cultura de poder. Reconocimiento explícito de las mujeres como sujeto, planteó la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, creadora del concepto de violencia feminicida.
Advirtieron que si no hay cambios verdaderos en el sistema judicial, si no se reconoce su debilidad, si no se cambia el sujeto que son las mujeres y si no se analiza la experiencia, no habrá cambios sustantivos o no podrá ser dictaminada.
Señalaron que sentencias más altas, como establece la iniciativa, no garantizan justicia para las víctimas; y señalaron que es necesario fortalecer la prevención y sistematizar la atracción de casos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando los funcionarios locales actúen con negligencia.
Tampoco prosperará un marco legal restringido si no se revierte la política pública y el sistema judicial vigentes, afirman más del 50 por ciento de 796 observaciones y propuestas escuchadas en vivo o por escrito –versiones en manos de El Sol de México-, para que las comisiones dictaminadoras puedan trabajar y dictaminarla con modificaciones conceptuales y puntuales en las próximas semanas. El senado reconoció que no será ni en septiembre ni en octubre.
En las intervenciones, de tres minutos, menudearon las críticas a la iniciativa, que sería una ley que nace sin presupuesto, sin control judicial para evitar la reclasificación del delito y que excluye a las familias de las decisiones operativas; una propuesta que no asegura justicia para las mujeres y niñas de México, sostuvo la dirigente del colectivo Todas, Patricia Olamendi Torres. La abogada advirtió que, además, el texto borra a las mujeres, como sucede en otras legislaciones, contraviniendo acuerdos internacionales.
Magdalena García Hernández de Pensadoras, MIRA y Feministas Dialogantes, afirmó que no se puede proclamar prioridad al feminicidio y, simultáneamente, aceptar que los recursos destinados a igualdad sustantiva desaparecen. Y se preguntó: ¿qué ocurre cuando, mientras se propone crear una nueva Ley General sobre Feminicidio, la política pública y el presupuesto han debilitado y desarticulado la arquitectura integral ya existente? ¿Y cuando se tolera el debilitamiento presupuestario de las políticas destinadas a prevenir las violencias contra las mujeres?
David Peña, también asesor de la presidenta de la Comisión de Igualdad, habló de la Procuración de Justicia, específicamente sobre la investigación. Dijo que la falta de personal, deficiencias institucionales, malos o pobres servicios periciales que no tienen infraestructura, no tienen materiales, hacen que los y las operadoras trabajen en condiciones adversas y se propicie la impunidad.
Habló del poco y mal capacitado personal y ejemplificó:“una fiscalía con dos o tres ministerios públicos que se encarga cada uno de 250 carpetas de investigación o de 150 carpetas de investigación hace que,humanamente,sea imposible pedirle que tengamos un nivel de efectividad”. Ello se traduce en impunidad, pues“no hay capacidad, están rebasadas, no tienen presupuesto”.
Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de la Fiscalía General de la Ciudad de México, señaló que con base en la experiencia operativa de su dependencia, vale la pena revisar tres pendientes en la propuesta de ley: el endurecimiento de las penas, la precisión de las medidas procesales y contar con presupuesto suficiente.
“Creemos que se hace necesario revisar el tema del financiamiento o presupuesto. Esta ley ordena crear fiscalías especializadas, nuevos registros en todo el país, capacitación, entre otros, pero el fortalecimiento institucional que hoy nos permite mostrar los resultados desde la Fiscalía capitalina es producto de años de inversión sostenida y decisiones presupuestarias al respecto, y sin ese mismo compromiso de recursos a nivel nacional, el riesgo es que en el papel la ley imponga obligaciones que posiblemente se dificulte solventar.
En su artículo Décimo Segundo Transitorio, la iniciativa establece que los gastos que se generen debido a la entrada en vigor de la ley se realizarán con cargo al presupuesto ya aprobado para cada una de las dependencias e instituciones públicas involucradas, por lo que no se incrementará el presupuesto de las dependencias ni se autorizarán recursos adicionales bajo ningún concepto para el ejercicio fiscal en curso.
Lo que urge es crear una nueva estrategia efectiva, afirmó Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal para la atención de los delitos vinculados a la violencia de género del Estado de México, quien llamó a hablar y ver la realidad, dejar de banalizarla como hacen muchos ministerios públicos y jueces. Examinar esta iniciativa, dijo, es una oportunidad, no para aumentar laspenas,sino para enfrentar y cambiar la realidad.
Advirtió no perderse en la “aparente reducción del feminicidio”; cuando la violencia es estructural “no podemos llegar con cifras alegres, no podemos decir que ya triunfamos en el tema, no podemos decir que estamos del otro lado”. Con ella coincidieron el fiscal de Chiapas y algunas legisladoras.
Carolina Rodríguez Suárez, integrante de la colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio, sostuvo que es un adelanto que se nombre en la iniciativa el término tentativa de femicidio, pero consideró que el diseño de la consulta y el desarrollo del Foro, en un solo día, es como para justificar una consulta, que debía hacerse en todo el país y con mucho más tiempo de reflexión y evaluación de lo hecho y aprendido en 30 años; de otro modo, “será una simulación” y sin recursos.
La mesa
Esta será una primera mesa de diálogo -la comisión de igualdad está considerando más-, fue un foro muy intenso e interesante, dijo Pilar Alberti, feminista abolicionista. Hubo tres bloques de discursos y análisis: senado, autoridades federales estatales y mujeres académicas o integrantes de colectivos.
Los discursos oficiales duraron casi tres horas, hablaron en total 174 personas para formular propuestas concretas de modificación, adición o revisión; más de 90 personas asistieron a escuchar. Todas las propuestas están registradas. Además de las recibidas mediante el mecanismo del micrositio, llegaron aportaciones de la gobernadora del estado de Veracruz, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua y pronunciamientos y posturas difundidas en redes sociales.
En el foro hubo planteamientos de las fiscalías de Morelos, Guanajuato, Chiapas, de la Ciudad de México, quienes hablaron de los obstáculos que enfrentan las instituciones al investigar y judicializar el feminicidio.Hubo observaciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y otras formuladas por senadoras y senadores. La presidenta de la comisión de Igualdad dijo que es una pluralidad de aportaciones para la deliberación y para examinar a fondo la iniciativa, puntualizó Micher Camarena. Explicó que detrás de cada participación existe conocimiento, experiencia institucional, trabajo territorial y en muchos casos una historia personal o familiar que merece tratarse con respeto.
Dijo,igualmente, que el desafío es convertir esta pluralidad “en disposiciones coherentes, aplicables y respetuosas de las competencias de cada autoridad”. Porque “este gravísimo delito que se comete contra nosotras nos ha unido mucho más de lo que imagina el patriarcado y quienes le apuestan a no llegar a acuerdos”.
Todas las propuestas y observaciones se analizarán en las próximas semanas, dijo a El Sol de México la todavía presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien se hará cargo de la Secretaría de las Mujeres el próximo primero de septiembre.