Cd. de México (SEMlac).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles acciones frente a una reforma electoral en Nicaragua que, según sus críticos, busca excluir a la oposición de futuras elecciones y consolidar el poder de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El encuentro, solicitado por Estados Unidos, se realizó el 18 de agosto y fue aprobado por el Consejo Permanente de la OEA con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México.
La decisión se produjo después de que una propuesta similar no consiguiera los apoyos necesarios el pasado 5 de agosto.
El régimen de Managua se ha sostenido por fraudes consecutivos y la situación social del país revela consecuencias sociales tremendas, afirmó en entrevista Tamara Dávila, ex presa política y vocera de UNAMOS en el exilio. Explicó que el régimen, opuesto al aborto, tiene altísimas tasas de embarazo adolescente y muerte materna, las más altas del istmo centroamericano, con el riesgo de muerte materna incluso para niñas menores de 15 años.
Dijo que se vive bajo control político y no hay libertades democráticas; se abatieron las instituciones de contrapeso, como los poderes Legislativo y Judicial; hay desterrados, hombres y mujeres de la oposición, incluso líderes católicos; no hay libertad de expresión y se ha condenado a decenas de personas a la pérdida de su nacionalidad.
Ortega lanzó una campaña contra las feministas y su lucha desde hace 20 años, cuando recibió la reprobación continental por haber agredido, abusado y violado sexualmente durante años a su hijastra Zoila América, quien lo acusó formalmente en 1998 ante los tribunales nicaragüenses, que lo encubrieron hasta hoy. Ahí está la conexión que en México tiene paralelismos.
Presión desde Norteamérica
Estados Unidos encabezó las gestiones para conseguir respaldo dentro de la OEA y pidió pasar de las condenas diplomáticas a “acciones reales”.
Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina del Departamento de Estado, advirtió que la ausencia de medidas concretas podría ser interpretada por Managua como una señal de que puede resistir la presión internacional.
Entre las opciones podrían plantearse la degradación o ruptura de relaciones diplomáticas y nuevas formas de presión económica, aunque hasta ahora no existe una propuesta concreta acordada.
Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, por lo que una eventual expulsión del organismo no forma parte de las alternativas.
La decisión fue celebrada por sectores de la oposición nicaragüense en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político Juan Sebastián Chamorro la calificó como una victoria para quienes buscan una transición democrática.
El régimen en Managua
Ortega, quien regresó al poder en 2007 después de haber gobernado durante la década de los ochenta, ha sido acusado por sus adversarios de desmantelar los contrapesos democráticos.
Antes de las elecciones de 2021, varios aspirantes presidenciales fueron encarcelados y posteriormente desterrados y privados de su nacionalidad, al igual que activistas, periodistas, intelectuales y religiosos.
La crisis política nicaragüense se profundizó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó alrededor de 350 muertos, según Naciones Unidas, además de provocar la salida del país de cientos de miles de personas.
La presión internacional adquiere especial relevancia, debido a que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua, mientras el país centroamericano mantiene acceso a financiamiento de organismos internacionales.
Nicaragua volvió a la preocupación internacional cuando Ortega anunció, en el aniversario de la Revolución, que no habrá nunca más elecciones. Ahora la OEA anuncia una reunión de cancilleres para discutir la crisis de Nicaragua a principios de septiembre.
En gira por México, Tamara Dávila, despatriada desde febrero de 2023 junto con otros 222 nicaragüenses, feminista y militante del partido opositor en el destierro Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, vino para llamar a la opinión progresista de México a participar en favor de la vuelta a la democracia en Nicaragua.
Hizo ver la estratégica y acertada función del Grupo Puebla, donde participan personalidades progresistas como los expresidentes argentino Alberto Fernández y ecuatoriano Rafael Correa, y las exsenadoras, la mexicana Beatriz Paredes, ex embajadora de México en Cuba, y la colombiana Clara López, para las discusiones en la OEA.
Y es que en democracia no puede haber excepciones. Urge el diálogo diplomático, aunque en Palacio se argumenta que cada nación debe tener soberanía y libre decisión sobre su forma de gobierno. Esa no fue la respuesta mexicana ante la dictadura somocista, ni la pinochetista, ni la franquista. La desmemoria acosa al régimen de la 4T.
Desde México se critica la postura oficial. Parece vacío el argumento de autodeterminación de los pueblos, cuando en Nicaragua no se podrá volver a las urnas; tampoco el de la no intervención, cuando se vive una crisis electoral y social.
Para el comité mexicano de apoyo a la democracia en Nicaragua, en la reunión de cancilleres, es lamentable que México haya decidido no condenar al régimen nicaragüense. Una vergüenza, afirmó el politólogo Irán Moreno.
En el informe oficial del representante mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, México reafirma su compromiso con el respeto a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Proponemos privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.