La Habana, agosto (SEMlac). Piropos, tocamientos, vigilancia en redes, comentarios descalificadores y burlas configuran abusos que la sociedad minimiza. Aunque no dejan marcas físicas, su acumulación afecta la salud mental, restringe la movilidad, frena la participación ciudadana y profundiza las desigualdades estructurales, coinciden investigaciones y especialistas de perfiles diversos.
“Existe un alto grado de naturalización a nivel social. Estas conductas suelen camuflarse bajo etiquetas como ‘la costumbre’, ‘la cultura popular’, ‘el humor’ o ‘una simple broma'”, detalló a SEMlac la jurista Sara Ida Hernández Valdés, quien lidera la mentoria DoyDas.
En opinión de Hernández Valdés, la exposición reiterada a estas violencias no es inocua; produce un desgaste silencioso, pero profundo. Entre sus efectos más frecuentes cita la hipervigilancia crónica y el agotamiento psicológico.
“Las personas viven en un estado constante de alerta, anticipando la agresión. Esperándola. Esto consume una enorme cantidad de energía emocional y creo que también, cognitiva y física”, precisa.
A juicio de la socióloga Anaclara León Pérez, estas violencias persisten en todas las etapas de la vida y su impacto, además, no es homogéneo; se distribuye de manera diferencial según género, clase social, color de piel y zona de residencia, entre otras variables, detalló la co-coordinadora de la Red Feminista Universitaria e investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
Mirar a las calles
En el espacio público, este maltrato se manifiesta en acoso callejero mediante piropos obscenos o indeseados, miradas intimidantes, invasión del espacio físico con tocamientos —especialmente en transportes, colas (filas de espera masivas)— y comentarios descalificadores basados en la apariencia, la edad o el género.
Una investigación reciente documenta con cifras la magnitud del fenómeno en el entorno universitario habanero.
Bajo el titulo “La deshumanización de un sexo: acoso sexual callejero en el entorno de la Universidad de La Habana”, la tesis de grado en Sociología de Paula Amalia Ríos Maldonado, también integrante de la Red Feminista de ese centro, concluyó que más del 95 por ciento de las mujeres encuestadas había tenido experiencias de acoso físico, persecución o exhibicionismo en los alrededores del campus universitario.
El estudio identificó la masturbación pública como una forma de violencia sexual recurrente y casi histórica en la zona: según testimonios de estudiantes y docentes, esta práctica se desarrolla hace aproximadamente medio siglo frente a la Facultad de Artes y Letras, muy cerca de la conocida calle G, en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución.
De las mujeres que habían sido víctimas de masturbación pública en el entorno universitario, 46 por ciento dijo que le había ocurrido justo en esa zona.
Además, 75,6 por ciento expresó haber recibido gestos sexuales de personas desconocidas, a 73,2 por ciento le han pitado desde vehículos, a otro 73,2 por ciento le han silbado y 41,5 por ciento han sido perseguidas.
Como ha señalado la feminista y psicóloga social Yohanka Valdés Jiménez, el acoso callejero constituye “una de las manifestaciones de la violencia de género que está más normalizada”.
Valdés Jiménez considera que el acoso callejero es mucho más común de hombres hacia mujeres, pues “justamente tiene que ver con esa visión más patriarcal de que la calle y el espacio público son dominados por los hombres y también con mitos acerca del control del cuerpo y de las relaciones de las mujeres”, afirmaba en entrevista con SEMlac.
“Definitivamente, hay mucha violencia simbólica que muchas veces pasa inadvertida y también hay casos más puntuales de violencia sexual o física”, confirmó la propia Ríos Maldonado en un debate sobre la violencia en las universidades.
Violencias en red
En el espacio digital, las violencias adquieren contornos más solapados. Hernández Valdés mencionó los comentarios despectivos o de burla pasivo-agresiva bajo el formato de “opinión no solicitada”, respuestas sarcásticas, la fiscalización encubierta de cuentas y la exclusión digital selectiva en grupos de WhatsApp.
Por su parte, para la socióloga Niuva Ávila Vargas, en redes sociales jóvenes y adultos reproducen estas violencias de modo más sutil, evadiendo el control del entorno cercano.
En estos casos, se despliegan en comunidades digitales donde las expresiones violentas sorprenden precisamente porque se apartan de cualquier crítica incómoda, añadió la directora del Observatorio Social Universitario y profesora de la Universidad de La Habana.
León Pérez, por su parte, advirtió que la posibilidad de crear perfiles falsos o utilizar identidades reales para acosar genera un sentido de impunidad que refuerza la conducta, y que la justificación de estas agresiones suele atribuirse a “personas enfermas” o a problemas personales, minimizando así la gravedad del acto y eximiendo al agresor de responsabilidad.
El mecanismo principal de naturalización consiste en camuflar la violencia bajo el humor o la opinión no solicitada. Hernández Valdés señaló que frases como “no es para tanto”, “te falta sentido del humor” o “¿por qué se viste así?” trasladan la culpa a la víctima y la hacen dudar de la legitimidad de su malestar.
A nivel global, Naciones Unidas reporta que 73 por ciento de las mujeres han experimentado violencia en línea, pero menos del 40 por ciento de los países cuentan con leyes que las protejan, según un comunicado de ONU Mujeres publicado en 2025.
Aunque Cuba aprobó en 2021 el Decreto-Ley No 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, que tipifica delitos informáticos como el ciberacoso, aún presenta un abordaje legal limitado frente a la creciente ciberviolencia de género.
Las estrategias
Ante la ausencia de mecanismos institucionales sólidos, muchas personas desarrollan tácticas propias de autoprotección: fingir llamadas telefónicas, evitar el contacto visual, cambiar de acera, utilizar perfiles falsos en redes, reducir la presencia online o limitar el uso de determinadas prendas.
Hernández Valdés reconoce que estas estrategias son necesarias y legítimas a corto plazo, pues previenen una escalada de la violencia y devuelven cierta sensación de control a la víctima.
Sin embargo, esta jurista advierte que conllevan un alto costo estructural: privatizan el problema, la víctima modifica su conducta y restringe su libertad, mientras el agresor permanece impune y el espacio —físico o digital— sigue siendo inseguro. Al tratarse de respuestas invisibles, contribuyen involuntariamente a ocultar el problema a los ojos de la comunidad.
Ávila Vargas, en tanto, sostiene que esto significa casi admitir que las mujeres son el problema y que la solución no debería ser personal y mucho menos limitar el desarrollo.
Para esta socióloga resultan fundamentales el empoderamiento y los mecanismos de información, a los que también deben incorporarse los hombres. “Ya tenemos que pasar del momento de la sensibilización, llevamos décadas en eso”, afirma, mientras los derechos siguen siendo disminuidos y la sociedad permite y reproduce expresiones de violencia, desde las más clásicas hasta las más solapadas.
León Pérez coincide en que estas tácticas son necesarias mientras persista la violencia, aunque resulta lamentable que deban existir; lo que debería prevalecer son estrategias colectivas de denuncia, educación y prevención, que reduzcan la necesidad de respuestas individuales.
Hernández Valdés, por su parte, insiste en más allá de las campañas generales contra la violencia, las intervenciones que operan en la escala local y comunitaria resultan las más efectivas para desnaturalizar prácticas violentas cotidianas.
Paralelamente, resulta imprescindible la creación de mecanismos efectivos de denuncia y sanción. No basta con la existencia de leyes; las denuncias deben tener consecuencias tangibles en la vida de quienes agreden, para que estos puedan cuestionarse su conducta.
León Pérez sostiene que los efectos punitivos concretos harían reflexionar no solo a quienes ya ejercen violencia, sino también a quienes consideran hacerlo.
En opinión de las tres especialistas, la brecha entre la norma y su aplicación efectiva en la vida cotidiana sigue siendo uno de los desafíos pendientes para desmontar la impunidad y transformar las prácticas violentas que, por su reiteración y aparente levedad, continúan erosionando los derechos de las personas en silencio.