Cd. de México (SEMlac).- La participación laboral de las mujeres en el mercado laboral aumentó en la última década, pero persiste la sobrecarga de responsabilidades de cuidado y trabajo no remunerado, la segregación ocupacional y oportunidades diferencias que mantienen las brechas de género, que siguen siendo elevadas.
Así narra la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos de hasta 2026. Señala que no basta con ampliar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo sin mejores salarios, cumplimiento con pago a trabajo de igual valor, fomento a trayectoria y no violencia. A los gobiernos les dice que este es uno de los principales desafíos de la región.
El análisis reciente de la OIT sobre mercados laborales en América Latina y el Caribe indica que la desocupación regional se redujo a cerca de 5.3 por ciento; sin embargo, persisten grandes retos como la informalidad laboral -que afecta a más de la mitad de todas y todos los trabajadores- y se advierten condiciones laborales diferenciadas entre hombres y mujeres. Detalla que creció más el empleo femenino en algunos países, pero no sus condiciones de trabajo. Se mantienen las brechas de género.
El último informe de la OIT sobre las tendencias laborales en América Latina y el Caribe para la mitad de 2026 indica que el empleo continúa creciendo y que la desocupación disminuye en varios países. En algunas economías, la ocupación mantiene un crecimiento favorable y en otras avanza más lentamente. El informe advierte que con el seguimiento de la evolución en los próximos trimestres se podrá determinar si estas diferencias son temporales o marcan una nueva tendencia.
Para el autor principal del informe y especialista regional en economía laboral de la OIT, Gerson Martínez, “entender quiénes acceden al empleo, quiénes permanecen fuera y qué tipo de oportunidades se están creando será cada vez más importante”, especialmente si se comparan los datos entre hombres y mujeres.
La OIT destaca la oportunidad y urgencia de fortalecer desde ahora las políticas de formalización laboral, productividad, formación y protección social, con respuestas adaptadas a las distintas realidades de empresas y personas trabajadoras. La informalidad laboral significa que millones de trabajadoras y trabajadores no gozan de derechos, ni de protección social. La informalidad afecta, principalmente, a las mujeres: aunque tengan empleo, su calidad es precaria.
El informe, titulado Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe, señala que la tasa de desocupación descendió a 5,3 por ciento, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Asimismo, destaca que la relación entre informalidad y productividad requiere políticas más diferenciadas, que consideren las distintas capacidades y los obstáculos que enfrentan las empresas y las personas trabajadoras por sexo.
La informalidad no representa una única realidad: algunas empresas generan ingresos demasiado bajos para asumir los costos de operar formalmente; otras tienen capacidad para hacerlo, pero no encuentran suficientes beneficios o incentivos. Además, parte del empleo informal se encuentra dentro de empresas registradas, pero que no formalizan todas sus relaciones de trabajo. Tampoco en la informalidad se goza de la protección sindical.
Aunque la participación femenina continúa aumentando, las diferencias con respecto a la de los hombres siguen siendo elevadas, lo que confirma que ampliar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo sigue siendo uno de los principales desafíos de la región.
La brecha de género laboral sigue alta en América Latina
La brecha de género regional en la tasa de ocupación para el cierre de 2025 fue de 22,7 puntos porcentuales y, al igual que la tasa de participación, se ha mantenido estable desde 2023, situándose cerca de sus mínimos en el periodo 2016-2025.
Entre esos años, la ocupación femenina creció a un ritmo cercano al doble del registrado por la tasa de participación laboral femenina, lo que tuvo importantes efectos en la tasa de desocupación, no así en sus condiciones.
La tasa de ocupación de las mujeres pasó del 46,3 al 49,1 por ciento entre 2016 y 2025, es decir, aumentó 2,8 puntos porcentuales; mientras que la proporción de hombres ocupados en relación con el total de hombres en edad de trabajar (15 años y más) se mantuvo prácticamente estancada, ya que entre esos años creció 0,3 puntos porcentuales, lo que condujo a una reducción de la brecha de género en la ocupación de 2,5 puntos porcentuales.
En ocho de los 23 países analizados, la brecha de género en la ocupación es superior al promedio regional. Estos países son: Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Belice, Ecuador, Colombia y República Dominicana.
Por el contrario, las menores brechas de género en la ocupación se observan en cuatro países caribeños: Barbados, Granada, Jamaica y Santa Lucía, así como en Bolivia.
En síntesis, el crecimiento sostenido de la ocupación femenina explica buena parte de la reducción de las brechas laborales observada durante la última década. Sin embargo, las diferencias que aún persisten ponen de manifiesto que las oportunidades de empleo siguen distribuyéndose de manera desigual entre hombres y mujeres, en gran parte de la región.
Reducción de la brecha en una década
El informe detalla que, entre 2016 y 2025, la brecha absoluta se redujo de 2,5 a 1,9 puntos porcentuales, alcanzando su nivel más bajo de la última década; aunque, en términos relativos, la brecha se mantuvo sin cambios: en 2016 y 2025, la tasa de desocupación femenina fue 1,4 veces más respecto de la masculina.
Esta disminución absoluta de la brecha en la tasa de desocupación refleja una mejora relativa en la posición de las mujeres en el mercado laboral, impulsada principalmente por el crecimiento sostenido de su tasa de ocupación, que aumentó más rápidamente que su participación laboral.
En otras palabras: una proporción cada vez mayor de las mujeres que ingresaron o permanecieron en la fuerza de trabajo logró encontrar empleo, lo que contribuyó a una reducción gradual de las diferencias históricas en los niveles de desocupación entre hombres y mujeres. Pero la disminución de la brecha de desocupación debe interpretarse con cautela.
En primer lugar, la tasa de desocupación femenina es 43 por ciento superior a la de los hombres. Si bien las tendencias recientes reflejan una convergencia entre ambos grupos, esta no se debe únicamente a que las mujeres hayan alcanzado condiciones similares a las de los hombres, sino también a que la participación laboral masculina ha mostrado una tendencia descendente durante este periodo.
Además, la reducción de la brecha de desocupación ocurre en un contexto en el que persisten diferencias muy significativas en las oportunidades de acceso al mercado laboral, tal y como evidencian las brechas de participación y ocupación, que se sitúan por encima de los 22 puntos porcentuales, así como las brechas salariales de género.
A medida que disminuyen las diferencias en la desocupación, las brechas de participación y ocupación adquieren una relevancia aún mayor, como expresión de las barreras estructurales a las que se enfrentan las mujeres.
Las barreras estructurales
La persistente sobrecarga de responsabilidades de cuidado no remunerado, las limitaciones en el acceso a servicios de cuidado, la segregación ocupacional y las diferencias en las trayectorias laborales siguen restringiendo las oportunidades de inserción económica femenina en gran parte de la región.
En un contexto en el que persisten importantes barreras estructurales para la inserción laboral de las mujeres, cerrar estas brechas es, ante todo, un imperativo de igualdad, no discriminación y realización efectiva de derechos en el mundo del trabajo, en línea con los principios consagrados en los Convenios 100, 111 y 156 de la OIT.
El Convenio 100 de la OIT, adoptado en 1951, exige la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Convenio 111 de la OIT, adoptado el 25 de junio de 1958, busca prohibir y eliminar toda forma de discriminación, exclusión o preferencia en el trabajo. Sus puntos clave son la igualdad de oportunidades, la prohibición de tratos injustos y la creación de leyes nacionales de protección. El Convenio 156 de la OIT, adoptado en 1981, busca lograr la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores con responsabilidades familiares. Sus puntos clave son la protección contra la discriminación laboral, el equilibrio entre el trabajo y la familia, y la corresponsabilidad de género.
Al mismo tiempo, en un escenario de transición demográfica y moderación del crecimiento de la fuerza de trabajo, avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades también fortalece el potencial de crecimiento económico y permite aprovechar de manera más eficiente el capital humano disponible en la región.
La convergencia observada en las tasas de desocupación representa, por tanto, un avance relevante, pero también pone en evidencia que el principal desafío pendiente sigue siendo ampliar el acceso efectivo de las mujeres a empleos productivos, formales, de calidad y sin violencia de género.
La OIT plantea que es necesario complementar las políticas de empleo con estrategias que fortalezcan la economía del cuidado, reduciendo la sobrecarga de trabajo no remunerado que limita la participación laboral femenina; llama a ampliar la oferta de servicios de cuidado, junto con políticas que promuevan el acceso de las mujeres a oportunidades de formación continua, (educación para el trabajo), reconversión laboral y desarrollo de competencias, especialmente en sectores de mayor productividad y potencial de crecimiento, incluidos aquellos asociados a la economía verde.
La informalidad y la transición demográfica requieren servicios de cuidado
En 2025, la tasa de informalidad masculina fue de 47,7 por ciento, mientras que la femenina se situó en 47,1 por ciento, una diferencia inferior. Ambas tasas muestran una reducción sostenida desde 2021, cuando la informalidad aumentó como consecuencia de la recuperación económica posterior a la pandemia.
La aparente convergencia entre las tasas de informalidad de hombres y mujeres no debe interpretarse como evidencia de igualdad en la calidad del empleo ni en las condiciones de inserción laboral.
Las mujeres siguen concentrándose de manera desproporcionada en segmentos de baja productividad y elevada vulnerabilidad, como el trabajo doméstico remunerado, el trabajo por cuenta propia de subsistencia y otras ocupaciones con menores ingresos y cobertura de protección social. En cambio, la informalidad masculina se concentra relativamente más en el empleo asalariado informal, sobre todo en sectores como la agricultura y la construcción.
En los países donde la informalidad afecta más a las mujeres, las políticas de formalización deben articularse con medidas que reduzcan las barreras estructurales a su inserción laboral, como la provisión de servicios de cuidado, el acceso a formación y reconversión laboral, y la promoción de oportunidades de empleo en sectores de mayor productividad.
En 2025, la informalidad fue más elevada entre las mujeres de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. En Uruguay y Argentina, la incidencia de la informalidad es similar entre hombres y mujeres. Por el contrario, los hombres registraron mayores niveles de informalidad en Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
La reducción de la informalidad constituye un avance, pero su sostenibilidad y su contribución a la igualdad de género dependerán de que las políticas de formalización logren transformar no solo el volumen del empleo informal, sino también su composición, para disminuir las desigualdades estructurales que caracterizan la inserción laboral de mujeres y hombres.
Los sistemas de cuidados, la respuesta ante la transición demográfica
La expansión de la economía del cuidado constituye una de las principales respuestas de política ante la transición demográfica. El fortalecimiento de los servicios de cuidado no solo contribuye a reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres y limita su participación económica, sino que también responde al aumento esperado de la demanda de cuidados derivada del envejecimiento poblacional. Además de favorecer la igualdad de género y el cumplimiento del derecho a los cuidados, las inversiones en este sector representan una importante fuente potencial de creación de empleo formal.
Proyecciones recientes desarrolladas por la OIT y la CEPAL estiman que la expansión de los sistemas de cuidados podría generar alrededor de 31,3 millones de empleos en América Latina y el Caribe (CEPAL y OIT 2026), la mayoría de ellos ocupados por mujeres, lo que contribuiría simultáneamente a la inclusión laboral, la productividad y el crecimiento económico.
Aunque no todos los países se encuentran en la misma etapa de transición demográfica, para todos es crucial contar con marcos de política integrales que preparen a los mercados de trabajo para una fuerza de trabajo con trayectorias laborales más prolongadas.
Las políticas laborales, además de su papel clave en la creación de empleo, pasan a desempeñar un papel estratégico ante el envejecimiento de la población, lo que incrementará la demanda de cuidados de larga duración y reforzará la necesidad de ampliar los sistemas de cuidados, lo que tendrá importantes implicaciones para la participación laboral, la igualdad de género y la creación de empleo.