Cd. de México (SEMlac).- Para discutir con las mujeres la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, las senadoras decidieron abrir un micrositio donde recibir propuestas de “la ciudadanía “y una sola mesa de diálogo con expertas, el 18 de agosto próximo, pese a la demanda de las feministas que exigen oír a los colectivos que conocen a las víctimas, las acompañan y discutir a fondo la asignación de recursos.
Sin explicar “qué expertas”, la iniciativa presidencial –que todavía no se conoce públicamente– se anuncia que contará con todo un respaldo institucional, en medio de brotes de retroceso y decenas de ejemplos de mujeres asesinadas en todo el país, sin justicia.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF ha insistido en que la iniciativa de Ley contra los feminicidio sea enriquecida con las aportaciones de los colectivos. No obstante, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó un calendario que incluye análisis técnico-jurídico, apertura de un micrositio para recibir propuestas de la ciudadanía y colectivos, y el foro de diálogo del 18 de agosto.
Mientras, en redes sociales se difunde un caso: el 21 de julio, Alberto Jasso, profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) plantel “Carmen Serdán”, en la Ciudad de México, fue hallado sin vida. Jasso decidió suicidarse, después de ser denunciado por abuso sexual por una de sus alumnas, que exigía justicia.
Antes de morir, Jasso difundió un video en el que defendió su inocencia. “La decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario”, dijo en el video antes de cometer el hecho.
A raíz de esto, organizaciones como Equidad y Justicia, junto con colectivos y docentes, impulsaron la propuesta de la “Ley Alberto”, una iniciativa que buscaría fortalecer la presunción de inocencia, revisar los protocolos en instituciones educativas y sancionar las denuncias falsas que causen daños profesionales y personales.
Al respecto, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, quien se hará cargo de la Secretaría de las Mujeres en septiembre próximo, dijo contundente que hay muchos instrumentos para saber, sin dudas, que una mujer fue agredida. Y agregó: “nosotras seguiremos trabajando…para proteger los derechos de las mujeres, que es una cuestión fundamental”.
Lamentó lo del profesor, pero dijo que es un caso lamentable; para ello existe la presunción de inocencia. Refiriéndose a la iniciativa, dijo que hay entidades donde las razones de género exigidas por el tipo penal son tan restrictivas que, en la práctica, el feminicidio termina reclasificado como homicidio simple, por lo que hay familias que han tenido que luchar durante años y décadas, para que se castigue al responsable y al delito se le llame por su nombre.
Recordó que ha habido una discriminación muy grande a lo largo de los siglos en contra de las mujeres, “por eso es necesario tener este reconocimiento de que en esta administración, sobre todo con una presidenta mujer, se defiende a las mujeres en este país”.
La prensa se preocupa de si las mujeres mienten, pero la Organización de las Naciones Unidas ha reportado que las cifras por denuncias falsas por violencia de género representan apenas el uno por ciento, pese a que la narrativa sobre las denuncias falsas de las mujeres son una evidencia de lo que viven las mujeres, quienes se enfrentan a un contexto de escrutinio constante que funciona como un desincentivo y miedo a denunciar.
Gabriela Pablos, vocera del colectivo Madres Libertarias, una colectiva de madres defensoras contra la violencia vicaria, explicó que analizar la iniciativa presidencial sería fundamental, precisamente porque los hombres, con asesorías poco éticas, en decenas de juicios logran voltear la situación, donde ellas acaban siendo las delincuentes. Una práctica en los juzgados muy recurrente, porque los hombres usan su poder y sus recursos para evitar ser castigados.
Este asunto debería estar en la ley que propuso la presidenta, toda vez que tiene un apartado de prevención. Pero, además, requiere recursos claros, suficientes y etiquetados, de lo que no se habla. Por eso el diálogo debía ser real, no en un micrositio, afirmó.
Muy peligroso que sector patriarcal y de derecha haga presión
El movimiento que trata de desautorizar las denuncias cuenta con el respaldo del Colectivo No Más Presos Inocentes, una organización antifeminista que opera desde 2023 y defiende a hombres acusados de delitos de género, bajo el argumento de supuestas denuncias falsas.
El grupo de periodistas de POSTDAT sostiene que el debate actual sobre las denuncias falsas es un “pendulazo” de retroceso frente a los derechos ganados por las mujeres, impulsado por hombres que sienten que ya no se les cree de manera automática, como sucedía anteriormente.
La iniciativa de Ley
La impunidad y la distancia de tribunales con la realidad de las mujeres merecen una discusión seria. El OCNF pidió al Congreso de la Unión abrir espacios de diálogo y análisis con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, antes de dictaminar la iniciativa.
“Escuchar estas voces que han impulsado cambios desde la defensa de los derechos humanos fortalece la posibilidad de contar con una ley sólida, eficaz y capaz de responder a la complejidad del feminicidio en México, así como sirve para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, precisó María de la Luz Estrada Mendoza
Agregó que “se debería considerar a las voces de quienes estamos en el territorio acompañando los casos y conocemos donde están los obstáculos para probar el delito de feminicidio”. ¿Cómo un micrositio?, preguntó y pidió otorgar “presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de las investigaciones en materia de feminicidio, que es fundamental”.
La Red Nacional de Refugios (RNR) también exhortó a quienes legislan para que, durante la discusión de la iniciativa, “se abran mesas de diálogo con organizaciones feministas, sobrevivientes, familiares de víctimas, academia y quienes acompañamos diariamente a mujeres en riesgo feminicida. La participación fortalece las leyes y contribuye a construir respuestas más eficaces desde una perspectiva de derechos humanos”. Solo habrá una mesa el 18 de agosto.
Durante 2024 se registraron al menos 855 feminicidios; en 2025, 732 casos; y tan solo en enero de 2026 se contabilizaron 94 feminicidios. Cientos de mujeres siguen siendo asesinadas por razones de género y miles de familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
En ese sentido, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó su compromiso para que la discusión sobre la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio cuente con todo el respaldo institucional y se desarrolle con seriedad, transparencia y a la altura que reclaman las mujeres de nuestro país.
Dijo que la aprobación del proyecto permitirá establecer estándares mínimos de investigación con perspectiva de género, para que ninguna carpeta relacionada con la muerte violenta de una mujer se cierre por negligencia o por prejuicios y se investigue desde un inicio como posible feminicidio.
Esto, enfatizó, “es una obligación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, cuya madre Irinea “convirtió el dolor en jurisprudencia”.
Y así lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia García Andrade y otras contra México, que obliga al Estado a asegurar la reparación integral y la protección de las y los menores huérfanos por este delito, explicó.
Detrás de cada uno de estos expedientes, asentó la presidenta de la Mesa Directiva, “hay una familia que no se rindió”, por lo que la tarea de las y los legisladores es que ninguna otra mujer “tenga que litigar durante una década para obtener lo que debió de ser suyo desde el primer día: verdad y justicia”.
Dicen que estará la versión definitiva para que el Congreso apruebe, según se conoció en la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. El proceso de diálogo será de menos de 15 días, según dijo la presidenta de esa comisión, Malú Micher; en menos de dos semanas se hará el análisis técnico-jurídico, se abrirá un micrositio para recibir propuestas de la ciudadanía y colectivos, y el foro de diálogo del 18 de agosto.
Sólo 15 días de diálogo
La meta de esta ruta es que el Congreso tenga el proyecto de dictamen a finales de agosto y la ley sea aprobada por ambas cámaras antes del 25 de noviembre de 2026 (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).
El OCNF lo lamentó. El litigio se dará fuera del Congreso, en los medios y las redes sociales; habrá cartas, peticiones, todos los medios para que se escuche a las mujeres.
La próxima secretaria de las mujeres aseguró que habrá continuidad, coordinación y una aliada permanente de este Senado de la República en el gabinete de la primera presidenta de México. Ninguna mujer asesinada es una estadística. Cada una tenía un nombre, una historia y un futuro que le fue arrebatado violentamente. Legislar para nombrarlas, para investigarlas con debida diligencia y para sancionar a quienes les arrebataron la vida es lo mínimo que esta Cámara de Senadoras y Senadores les debe.
También dijo que “aquí estaremos y que las decisiones que hoy se tomen honren a quienes nos antecedieron y dieron la lucha por la verdad y por la protección de las víctimas y sus familias. Independencia económica, soberanía nacional, igualdad y transformación.
Respecto a si las mujeres mienten, fue amplia: “Creo que, en algunos casos, podría señalarse que existe este tipo de situaciones –declaraciones falsas-, pero no es una generalidad y cuando se han hecho encuestas incluso por el INEGI, 75 por ciento de las mujeres hemos sufrido a lo largo de nuestra vida una agresión, en este caso por parte de los varones y, desgraciadamente, por parte de muchas personas que son las más cercanas, esa es la generalidad.
Entonces, preguntaríamos, ese 75 por ciento dónde está, ¿verdad? Pues está en esta sociedad, por eso se tiene que hacer mucho trabajo para cambiar el “chip” y que haya respeto real a los derechos de nosotras las mujeres: que se nos respete como seres humanos, con todas las capacidades que hemos venido demostrando a lo largo de la historia, que podemos estar en los diferentes cargos donde se toman las decisiones.