En las últimas tres décadas se ha avanzado significativamente en la construcción de un marco jurídico orientado a la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Sin embargo, los avances normativos no han sido suficientes para resolver un vacío importante de la política educativa nacional: la atención de personas jóvenes y adultas con discapacidad que requerirán apoyos permanentes.
