Sara Lovera<\/p>\n\n\n\n
En 12 a\u00f1os cerca\u00a0 de 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra y el territorio en Mesoam\u00e9rica, un incremento exponencial, 860 en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
\u00a0Entre 2012 y 2024 al menos 35 defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas, en M\u00e9xico 6, por protestar por el Tren Maya y las empresas mineras<\/em><\/p>\n\n\n\n Sara Lovera<\/p>\n\n\n\n
![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdUA48Uzj8sUz7kSMP55E7bUhq2Ty_k-a78uzstbyWJOzuhkBKNapLigShkAUwPfMJ1r0OpN9bgAkLUgqM3nK_8qwzb6G0lyUvIOMC3XBtPrGW3pi5k9qhh8_ge8XZX7MKjKk0OxrkvK5yd9usjnks?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcPVwZEg6a0mQbjbvL6YpYZoI_q8rNl2BbLeFIDcL8gMfHnIAFPqfHQEFkj74ybqXJBRfTVmmjpKahgIGllPud6Rq3dbbTHWEXZz8lDVOu_ZjWBQ7s6dg5rn0_umLg1Hzu6EosETLwSFhjq_CeQDYY?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
Revelaciones del informe\u00a0<\/strong>Entre 2012 y 2024, el sistema de registro de la\u00a0 IMD se\u00a0 documentaron\u00a0 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoam\u00e9rica. En el mismo periodo,\u00a0al menos 35 de ellas fueron asesinadas\u00a0en El Salvador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico y Nicaragua.![\"Gr\u00e1fico,](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXfY-XFhzOFdeLVygrn4HNAXn6V8txVJOR3tuxQBoZNpr85DJkn7L8aDTSNsi9wiUxsRfGVK-dWiWi4IUr_OJZI5h__u_8o4nhJRtBMZ-0n6AcotZUpeQX8Mwby-0_p9xMBgZMX0sRO5mMvDSSMS4Q?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
\u00bfQUI\u00c9NES SOMOS Y QU\u00c9 HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA?<\/strong>Las defensoras de la tierra y territorio defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los r\u00edos, las monta\u00f1as, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa tambi\u00e9n defender nuestros medios de reproducci\u00f3n de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alej\u00e1ndose de la acumulaci\u00f3n y explotaci\u00f3n capitalista, establecen otros v\u00ednculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos tambi\u00e9n una manera de entender el territorio no como un lugar geogr\u00e1fico y de explotaci\u00f3n humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.La mayor\u00eda de defensoras de la tierra y el territorio agredidas somos mujeres ind\u00edgenas, gar\u00edfunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.![\"Un](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXf-0dwC5BIBtRQpkVh-JJgpsABQytBuLbzdKvpZYqWmIqeVZEAhEFGEY75XXhMLOKi_WTROnc1JKDv2MTKat8779pvLOPGtIhDUpQk5MmqAMyiJYNJvt8nRiPpyo-oYVluacGLBEitE5gBnvkdW3dc?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
DEFENDER LA TIERRA, UNA ACCI\u00d3N COLECTIVA QUE SE REPRIME COLECTIVAMENTE<\/strong>En este contexto, en nuestra regi\u00f3n destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la miner\u00eda y la explotaci\u00f3n forestal [![\"Gr\u00e1fico,](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXeqN2tSkRZJx0nIR-e6XaWyUTBdUWgEuFzQzu5x3rvGApWNdQqkeI0zrisYjFO45h9JQb3Jh1mTR6OM7P02eGi81975QLTTUQFjhKFcygZehYXsX-Lf0J4AStU90jjQpxZTMPNZbGl_O1uDLv7rPGE?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
UNA VIOLENCIA QUE SE PROLONGA Y ACRECENTA<\/strong>El an\u00e1lisis de la evoluci\u00f3n de las agresiones contra las defensoras de tierra y territorio entre 2012 y 2024 se\u00f1ala tres puntos de inflexi\u00f3n: el primero en 2017, a\u00f1o siguiente al asesinato de Berta C\u00e1ceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundizaci\u00f3n en las pol\u00edticas de militarizaci\u00f3n de los territorios y el aumento de los desalojos.El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compa\u00f1era Berta C\u00e1ceres, dirigente comunal ind\u00edgena lenca que resist\u00eda contra el proyecto de la presa hidroel\u00e9ctrica Agua Zarca para proteger el r\u00edo Gualcarque [![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcRe-DElxJeVh-DtZkF9VVCsH2bcg5wLIUggVgdtaQYv2aJ8MWE0h2qBus3mDzNbPuivHixIqzXBwhw7xMbAvA70FK3L5Kew-NrqUEytN1t8-N3XKGM_01YuB8a7xENFAIEMMWl43UrOLBi9YBOvyU?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
BERTA C\u00c1CERES: Femicidio territorial e impunidad intelectual.<\/strong>En la noche del 2 de marzo de 2016, sicarios vinculados a la empresa Desarrollos Energ\u00e9ticos (DESA) irrumpieron en el hogar de la defensora lenca Berta C\u00e1ceres en La Esperanza, Intibuc\u00e1, y la asesinaron a balazos. Berta era una reconocida defensora feminista de la tierra y el territorio, coordinadora del Consejo C\u00edvico de Organizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras (COPINH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras que, en 2015, hab\u00eda recibido el Premio Goldman, uno de los reconocimientos m\u00e1s prestigiosos en la defensa del medio ambiente. Su asesinato tuvo un impacto inmediato e inusitado a nivel global, generando multitud de expresiones de repulsa y exigencia de justicia en todo el planeta.Una semana antes, Berta hab\u00eda denunciado en conferencia de prensa el asesinato de cuatro l\u00edderes de su comunidad y el creciente contexto de amenazas, ataques y hostigamiento contra el COPINH y las comunidades en resistencia frente al proyecto hidroel\u00e9ctrico Agua Zarca, de DESA, el cual amenazaba la existencia del R\u00edo Gualcarque, un r\u00edo sagrado y vital para la subsistencia de las comunidades lencas.Su asesinato fue la culminaci\u00f3n de una larga secuencia de ataques en contra de ella, su organizaci\u00f3n y su entorno: detenciones arbitrarias, criminalizaci\u00f3n, hostigamiento, amenazas de muerte, entre otras, motivo por el cual desde 2009 contaba con medidas cautelares por parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nunca cumpli\u00f3. El COPINH lo ha calificado como \u201cfemicidio territorial\u201d, ya que al matar a Berta no s\u00f3lo buscaban silenciarla a ella, sino tambi\u00e9n la lucha de la organizaci\u00f3n y las comunidades que ella lideraba en la defensa del territorio ancestral lenca, cuyo control y apropiaci\u00f3n es el objetivo final de los perpetradores.Desde entonces el COPINH no ha dejado de liderar una exigencia de justicia que hasta la fecha ha supuesto la cancelaci\u00f3n del Proyecto de Agua Zarca y el enjuiciamiento y condena firme a 8 personas, incluyendo a los autores materiales y a algunos co-autores intelectuales como David Castillo, gerente de DESA, o Sergio Rodr\u00edguez, empleado de la familia \u00c1tala, propietaria de la empresa. Esta b\u00fasqueda de justicia no ha estado exenta de ataques en contra del COPINH, de la familia de Berta o incluso de organizaciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que la han apoyado.No obstante lo logrado, la justicia en el caso Berta C\u00e1ceres no ser\u00e1 plena mientras persistan las pol\u00edticas extractivistas de despojo territorial a las comunidades lencas y sigan en la impunidad los principales responsables intelectuales de su crimen: la familia \u00c1tala, de cuya implicaci\u00f3n en el asesinato existen diversos indicios que hasta la fecha la justicia hondure\u00f1a se ha negado a considerar. Por ello, en febrero de 2025, fruto del trabajo del COPINH y CEJIL, se instal\u00f3 en Honduras un Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes, entre cuyas funciones est\u00e1 investigar la autor\u00eda intelectual del crimen y su impacto sobre las comunidades lencas y proponer un plan de reparaci\u00f3n integral. ![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdhTmL8qTcu9GHDpIJLm1yB97Tf51VW8TZcFubDUWx6tQ5nG0hMYL_ZAcpwqjsOQYFNQKEk2gKrsuBfBkWc6U0uipsqoGKk9HzWV0vNUvp-I94ycjSpYY0Mp3kXPnbpSjWDVwjjhg6j06h_rx-S1E8?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
KENIA HERN\u00c1NDEZ: Defensora ind\u00edgena presa por defender el libre tr\u00e1nsito por las carreteras de M\u00e9xico<\/strong>.La noche del 18 de octubre de 2020, Kenia Hern\u00e1ndez fue detenida arbitrariamente en una caseta de peaje del Estado de Puebla y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informar\u00e1 sobre su situaci\u00f3n durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de M\u00e9xico. Seis d\u00edas despu\u00e9s, el 24 de octubre, tan s\u00f3lo una hora despu\u00e9s de que una jueza del Estado de M\u00e9xico le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de \u201crobo con violencia armada\u201d y \u201cataques a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n\u201d en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autov\u00edas Concesionaria Mexiquenses. \u00c9sta era la tercera detenci\u00f3n que viv\u00eda en apenas cuatro meses, despu\u00e9s de que el 6 de junio fuera detenida por primera vez y la mantuvieran privada de libertad durante 5 d\u00edas. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de \u00e1mbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman m\u00e1s de veinte a\u00f1os de c\u00e1rcel. Todos estos delitos est\u00e1n vinculados con actos de protesta para exigir el libre tr\u00e1nsito por las carreteras del pa\u00eds.Kenia es una abogada y feminista amuzga que, como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora e integrante del \u201cMovimiento por la Libertad de los Presos Pol\u00edticos del Estado de Guerrero\u201d (MOLPEG) acompa\u00f1aba a sobrevivientes de violencia machista, a familiares de v\u00edctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de libertad y a personas afectadas por las actividades de empresas extractivas. Previo a su detenci\u00f3n, Kenia hab\u00eda tenido que desplazarse del Estado de Guerrero debido a la persecuci\u00f3n y amenazas que, debido a su labor como defensora, hab\u00eda recibido por parte de agentes estatales y paramilitares.Kenia ha estado presa en distintas c\u00e1rceles, incluyendo un penal de alta seguridad, el CEFERESO 16, en el Estado de Morelos, al que fue trasladada despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y representantes de CAPUFE la se\u00f1alaran como \u201cuna persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho\u201d. En este penal la defensora sufri\u00f3 condiciones de precariedad, maltrato y vulneraci\u00f3n a sus derechos que llegaron a poner en riesgo su vida e integridad, entre \u00e9stos: negaci\u00f3n de acceso a consultas m\u00e9dicas y a agua potable, situaciones extremas de aislamiento, control de su correspondencia y restricciones a las reuniones con su defensa jur\u00eddica y a la visita de sus hijos; motivo por el cual se declar\u00f3 dos veces en huelga de hambre. Incluso bajo estas condiciones, Kenia no dej\u00f3 de ejercer como defensora de derechos y, entre otras acciones, organiz\u00f3 talleres para las mujeres ind\u00edgenas y promovi\u00f3 el autocuidado entre las otras reclusas, ya que en ese centro penitenciario se han registrado varios suicidios. Gracias a su lucha y al trabajo de las organizaciones que la acompa\u00f1an, consigui\u00f3 que la trasladaran a otro penal con un r\u00e9gimen menos restrictivo, en el que actualmente permanece presa.El caso de Kenia es un ejemplo de la persecuci\u00f3n y ensa\u00f1amiento con que el sistema capitalista, racista y patriarcal pretende someter a las mujeres ind\u00edgenas que se atreven a dar un paso adelante y organizarse para defender el territorio y los bienes comunes.![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdugsac33pP7O5tiUU-sXfqXjS3PlOFcLSIT3-ho0XiuL-m5U7VaqR8Tbaez7FRN5LtnBEh0qnSXpHBX_DJbiF_69DFrO3hJS9qsc0wqvEhjDE3hZLHSj4EID2PAqSWVNs_f37W94VRsnJgIu8USFg?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N HERN\u00c1NDEZ: Criminalizaci\u00f3n, hostigamiento y persecuci\u00f3n judicial en Honduras<\/strong>.La tarde del domingo 22 de septiembre de 2019, agentes de la Direcci\u00f3n General de Investigaci\u00f3n (DPI) se personaron con una orden de captura en la vivienda de la defensora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Hern\u00e1ndez, quien es integrante de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo de la Pen\u00ednsula de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y la detuvieron y trasladaron a las dependencias de la DPI en Amapala. El d\u00eda siguiente, Mar\u00eda Concepci\u00f3n fue liberada con medidas alternativas a prisi\u00f3n, quedando sometida a proceso por un presunto delito de \u201cusurpaci\u00f3n de tierras\u201d y \u201cda\u00f1os continuados y agravados\u201d en perjuicio de Jorge Cassis Leiva, un terrateniente que a trav\u00e9s de amenazas, atentados e intimidaci\u00f3n estaba desalojando a campesinos y campesinas que ostentaban la propiedad leg\u00edtima de sus tierras en la comunidad de Playa Blanca, en la pen\u00ednsula de Zacate Grande. Dos meses m\u00e1s tarde, el 25 de noviembre, tras presentarse de manera voluntaria a la audiencia inicial del proceso de criminalizaci\u00f3n que enfrentaba, la defensora fue detenida de nuevo, esta vez junto a su hijo menor de edad y los tambi\u00e9n defensores Santos Hern\u00e1ndez y Abel P\u00e9rez \u2013 quienes estaban siendo criminalizados en otro proceso \u2013 quedando todas estas personas privadas de libertad en espera de la audiencia de declaraci\u00f3n de personas imputadas, programada para el d\u00eda siguiente.Mar\u00eda Concepci\u00f3n fue liberada de todos las cargos que se le imputaban, no obstante, casi cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de los hechos relatados, el 1 de abril de 2023, agentes de la DPI la volvieron a detener cuando acudi\u00f3 al Centro Penal de Nacaome para visitar a su compa\u00f1ero Santos Hern\u00e1ndez. Para detenerla, los agentes alegaron una orden de captura del 29 de agosto de 2019, la misma con la detuvieron la primera vez y que deber\u00eda haber sido cancelada, puesto que la defensora hab\u00eda sido absuelta de las acusaciones que la motivaron. En el momento de esta tercera detenci\u00f3n, Mar\u00eda Concepci\u00f3n se encontraba con su hijo menor de edad, el cual qued\u00f3 en situaci\u00f3n de total indefensi\u00f3n y vulnerabilidad. A ello se suma que las autoridades de la DPI se negaron a facilitar informaci\u00f3n sobre el estado y situaci\u00f3n de la defensora a integrantes de ADEPZA y de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos que acudieron al lugar de la detenci\u00f3n, ni tampoco les permitieron tener contacto con ella. Finalmente, gracias al acompa\u00f1amiento de estas organizaciones y a la presi\u00f3n y solidaridad que se hicieron presentes, la defensora fue liberada y la orden de captura cancelada.La criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n judicial enfrentada por Mar\u00eda Concepci\u00f3n Hern\u00e1ndez y otras compa\u00f1eras y compa\u00f1eros de la ADEPZA, as\u00ed como la impunidad en la que permanecen las reiteradas violencias de que son objeto, se vinculan con el hecho de que la pen\u00ednsula de Zacate Grande es una zona geogr\u00e1fica estrat\u00e9gica para los intereses econ\u00f3micos de terratenientes y empresas \u2013 en ella estaba previsto instalar una Zona de Empleo y Desarrollo Econ\u00f3mico (ZEDE) \u2013 y se fundamentan en la complicidad de los poderes econ\u00f3micos con instituciones policiales y de justicia corruptas.![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdRBWK3LoNWAvxclkAE4aJ768BI0lUZU1Q0Ezw8Tc1aVjSD60yE70oFItxHyP3-kMymeq9xJrYDCq2i9gF-iCthKjQl4wZcoP1MRgFxzPV0B83sCd-t5vjaSFzKM9SiqXWqWuhXBcCsd_g4oiRm7PM?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
FRANCISCA RAM\u00cdREZ: Despojada de su nacionalidad y en el exilio tras m\u00faltiples agresiones por defender los derechos de las comunidades campesinas en Nicaragua<\/strong>.En septiembre de 2018, la lideresa campesina Francisca Ram\u00edrez, conocida como Do\u00f1a Chica<\/em>, comunic\u00f3 p\u00fablicamente que se exiliaba de su pa\u00eds, Nicaragua, ante los constantes ataques, amenazas y hostigamiento que estaba viviendo. Unos meses antes, en julio, Ed\u00e9n Pastora, un militante hist\u00f3rico del partido de gobierno, hab\u00eda hecho unas declaraciones en una televisi\u00f3n oficialista donde la se\u00f1alaba y amenazaba: \u201cLa Chica Ram\u00edrez anda buscando que la encarcelen y que la maten porque ya mucho molesta, primero con lo del Canal y ahora con esto<\/em> [en referencia a sus denuncias de las graves violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo en el pa\u00eds]\u201d.Estos graves se\u00f1alamientos se produc\u00edan mientras Nicaragua se hallaba sumida en una oleada de violencia gubernamental, represi\u00f3n y persecuci\u00f3n pol\u00edtica que hab\u00eda dejado centenares de muertos y de personas presas pol\u00edticas desde el inicio, el 18 de abril, de las protestas populares contra la reforma del seguro social, las cuales vinieron precedidas de otro importante movimiento de indignaci\u00f3n y protesta ante el incendio de la Reserva Indio Ma\u00edz, una de las reservas naturales m\u00e1s extensas del pa\u00eds. Ese mismo mes de abril, Do\u00f1a Chica hab\u00eda sufrido un atentando contra su vida mientras encabezaba una marcha en Nueva Guinea.La persecuci\u00f3n pol\u00edtica y los ataques contra Francisca se remontan a a\u00f1os atr\u00e1s, cuando como coordinadora del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberan\u00eda desempe\u00f1\u00f3 un papel fundamental en la lucha en contra del \u201cCanal Interoce\u00e1nico\u201d, un megaproyecto financiado con capital extranjero que atravesaba el pa\u00eds desde la costa del Atl\u00e1ntico hasta la del Pac\u00edfico. Su construcci\u00f3n pon\u00eda en riesgo el Gran Lago Cocibolca, una de las principales reservas de agua potable de Centroam\u00e9rica, y conllevaba expulsi\u00f3n, despojo y miseria para las comunidades campesinas de los territorios afectados.Durante su lucha contra el Canal, Do\u00f1a Chica y su familia fueron objeto de reiteradas agresiones: su casa fue allanada; vivi\u00f3 detenciones arbitrarias en 2014, 2015 y 2016, \u00e9sta \u00faltima mientras participaba en la \u201cCaravana mesoamericana por el buen vivir\u201d, junto con otros l\u00edderes campesinos y j\u00f3venes ambientalistas de distintas nacionalidades que tambi\u00e9n fueron detenidos y finalmente expulsados del pa\u00eds; en una ocasi\u00f3n sufri\u00f3 la confiscaci\u00f3n, y en otra la destrucci\u00f3n parcial, por parte de la polic\u00eda, de los veh\u00edculos con los que se desplazaba y desarrollaba su trabajo; su hijo sufri\u00f3 un atentado; mientras que el hostigamiento y las campa\u00f1as de difamaci\u00f3n y desprestigio en contra suya y de otras defensoras que se opon\u00edan al Canal fue constante. Como consecuencia de ello, en 2017 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos le concedi\u00f3 Medidas cautelares.Cuando estall\u00f3 la crisis socio-pol\u00edtica en abril 2018, Do\u00f1a Chica particip\u00f3 en las protestas y, por su trayectoria de lucha contra el Canal, reconocida internacionalmente, se erigi\u00f3 en una de las voces de referencia y con mayor legitimidad en la denuncia de las brutales violaciones a derechos humanos que el gobierno estaba cometiendo, lo que intensific\u00f3 el hostigamiento, las amenazas y ataques en su contra.Una vez en el exilio las agresiones contra Do\u00f1a Chica no han cesado: se la ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicarag\u00fcense, se le han confiscado sus bienes y se la ha declarado pr\u00f3fuga de la justicia, adem\u00e1s de haber sido objeto de diversos ataques a trav\u00e9s de medios digitales que buscan su estigmatizaci\u00f3n y desprestigio.![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcAM5TjarIH_ovDKRoCTSaJYs4_XJPpBFAOTZH0tOn-CoXfqqVx-XvMJ8wrb2V3JmQ58pTnmroldB9T2Fr157sYP2V2f5uD85dRXky1dkQKUJeIJ_diPbeRb72yp6ojojE04UfiYcoiuuaSd0vPlxA?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
MIRIAM MIRANDA: Violencia sistem\u00e1tica, reiterada y recurrente por defender los derechos del pueblo Gar\u00edfuna.<\/strong>Tan s\u00f3lo en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, de enero de 2020 a diciembre de 2024, nuestro sistema de registro ha documentado 98 agresiones contra la defensora gar\u00edfuna Miriam Miranda, coordinadora de la de la Organizaci\u00f3n Fraternal Negra Hondure\u00f1a (OFRANEH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. De estas agresiones, 62 fueran perpetradas directamente contra su persona y 36 se produjeron en acciones colectivas en las que ella estaba participando. Este dato da cuenta de la situaci\u00f3n permanente de riesgo y amenaza que vive esta defensora, pese a que desde 2011 es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La reiteraci\u00f3n y recurrencia de los ataques contra Miriam Miranda est\u00e1n relacionadas con el hecho de que es una de las voces m\u00e1s visibles y reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos del pueblo gar\u00edfuna y en la denuncia de las violencias sistem\u00e1ticas que este pueblo enfrenta en Honduras incluyendo: el despojo de sus tierras ancestrales, desalojos violentos de las comunidades en resistencia, femicidios e impunidad de los mismos, criminalizaci\u00f3n, desaparici\u00f3n forzada y asesinato de sus liderazgos, ataques y burlas a su cosmovisi\u00f3n, racismo institucional, entre otras expresiones criminales del capitalismo racista y colonial que impera en el pa\u00eds. Entre las agresiones sufridas por Miriam a lo largo de su dilatada trayectoria como defensora, las hay de todo tipo y gravedad. Muchas de ellas han sido perpetradas por instituciones del Estado, como autoridades, fuerzas p\u00fablicas de seguridad \u2014policiales y militares\u2014 o instancias de justicia; muchas otras por actores vinculados a otros poderes f\u00e1cticos, como terratenientes, empresarios nacionales y extranjeros e integrantes del crimen organizado. Entre las m\u00e1s graves, puesto que en ellas su vida corri\u00f3 serio peligro, destacan el secuestro que vivi\u00f3 en 2014, junto con otros compa\u00f1eros de la OFRANEH, por parte de hombres armados vinculados con el crimen organizado, y del que pudieron librarse gracias al apoyo de la comunidad de Vallecito; y la tentativa de atentado contra su vida que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando hombres armados con fusiles de asalto rodearon su casa, y que afortunadamente no se consum\u00f3 gracias, otra vez, al acuerpamiento y las pr\u00e1cticas de protecci\u00f3n colectiva de la comunidad de Vallecito. A estas se suman m\u00faltiples amenazas y actos de intimidaci\u00f3n, campa\u00f1as de difamaci\u00f3n, diversos intentos de criminalizarla, hostigamiento y persecuci\u00f3n judicial, agresiones en el marco de protestas pac\u00edficas, o las constantes detenciones y retenciones arbitrarias de la que es objeto por parte de las fuerzas de seguridad.El caso de Miriam es paradigm\u00e1tico tanto por reflejar la flagrante omisi\u00f3n de las autoridades responsables de garantizar su protecci\u00f3n, pese a existir mandatos al respecto como el de la CIDH; como por poner de relieve la importancia de las pr\u00e1cticas comunitarias y colectivas de protecci\u00f3n, en las que la OFRANEH y la comunidad de Vallecito destacan como un referente para toda la regi\u00f3n. ![\"Un](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXeF6CclgYk4hG118njoq-2hO5ZdKDi4eaeu31vnqIUMnmiLnF4Kw_9N5L4UlKXUam4k9y5rZs0-rUZwItDKY16AEz0so5m_UnNMp9pDF2aWLOWCCbLiWtI9mVQ9lrPdsVPVvuk-7DnhPgmWgKGl6A0?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
SANTA MARTA: La represi\u00f3n comunitaria como mecanismo de control e imposici\u00f3n extractivista<\/strong>.La madrugada del 11 de enero de 2023, elementos de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC) detuvieron a cinco defensores ambientalistas y l\u00edderes comunitarios de Santa Marta, en el departamento de Caba\u00f1as, todos ellos integrantes de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo Econ\u00f3mico Social (ADES Santa Marta). Ocho d\u00edas despu\u00e9s se les decret\u00f3 prisi\u00f3n provisional por un supuesto delito ocurrido d\u00e9cadas atr\u00e1s, durante el conflicto armado interno. Este fallo se dio sin indicios s\u00f3lidos y con base a pruebas contradictorias entre s\u00ed; adem\u00e1s tambi\u00e9n se les acus\u00f3 de \u201cAsociaciones il\u00edcitas\u201d, delito establecido en el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n impuesto desde hac\u00eda nueve meses en el pa\u00eds.Desde el primer momento, la comunidad de Santa Marta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su temor a que tras la criminalizaci\u00f3n de los ambientalistas podr\u00eda ocultarse la intenci\u00f3n por parte del Gobierno de allanar el camino, mediante la represi\u00f3n y el silenciamiento de liderazgos, para volver a legalizar la miner\u00eda met\u00e1lica, ya que la comunidad de Santa Marta era unos de los principales referentes del movimiento popular que en 2017 consigui\u00f3 la prohibici\u00f3n de esta actividad extractiva en el pa\u00eds.Con los 5 ambientalistas encarcelados, la comunidad se moviliz\u00f3 para lograr su libertad, promoviendo campa\u00f1as de solidaridad que tuvieron repercusi\u00f3n a nivel nacional e internacional, logrando que instancias y mecanismos internacionales de derechos humanos se pronunciaran. Muchas de las acciones estuvieron lideradas por defensoras de la comunidad, entre ellas las compa\u00f1eras e hijas de los defensores criminalizados, quienes al adquirir una mayor visibilidad se vieron expuestas a distintas agresiones y a una mayor situaci\u00f3n de riesgo, pues todo ello suced\u00eda en el contexto de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n en cuyo marco se comet\u00edan todo tipo de arbitrariedades y vulneraciones a derechos. As\u00ed, en diciembre de 2023, un d\u00eda despu\u00e9s de hacerse p\u00fablica una comunicaci\u00f3n de la Relator\u00eda de Derechos Humanos de la ONU expresando su preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n de los cinco ambientalistas, fue detenido arbitrariamente Manuel G\u00e1mez, hijo de Vidalina Morales, presidenta de ADES y una de las voces m\u00e1s visibles de la comunidad, reconocida internacionalmente por su lucha incansable en defensa del medio ambiente.Fruto del acompa\u00f1amiento y la movilizaci\u00f3n para la solidaridad, en octubre de 2024 el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque declar\u00f3 a los cinco ambientalistas inocentes de los cargos que se les imputaban y orden\u00f3 su libertad. Sin embargo, tan s\u00f3lo un mes despu\u00e9s, en noviembre, a petici\u00f3n de la FGR se invalid\u00f3 el resultado del juicio y se decret\u00f3 su repetici\u00f3n, violentando as\u00ed uno de los principios b\u00e1sicos del debido proceso penal, el que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.Los hechos no tardaron en corroborar los temores iniciales y el 23 de diciembre, con los votos del partido de gobierno y sus aliados, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprob\u00f3 la Ley General de Miner\u00eda Met\u00e1lica, revirtiendo la prohibici\u00f3n de esta actividad nociva para el medio ambiente, las comunidades y la poblaci\u00f3n. A partir de entonces, las amenazas, actos de intimidaci\u00f3n y vigilancia contra integrantes de la comunidad y ADES Santa Marta se intensificaron, mientras organizaciones y movimientos sociales de todo el pa\u00eds empezaban a movilizarse de nuevo para decir \u201cNo a la miner\u00eda\u201d.![](\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXfVdftP7ODaSGqaE4kBzQpCfgOmLKOfQKDsbRwdFeITm943S1BSj7V_dOR9bi8q6BHDvAMjJv9F0fOEceVX3f9XoMQptkEezvuzxcYDkmtBsim2aB95dptmUas5yPLzebu9fPQdXZuVeL3yoUhe08M?key=9bwz-SqlgUsXfdhGQAtllRvl\")
AGUA BLANCA SUR: La complicidad del Estado con los intereses privados para desalojar y despojar a las comunidades campesinas<\/strong>.La madrugada del 22 de enero de 2025, m\u00e1s de 100 agentes policiales irrumpieron sin orden judicial en un terreno recuperado por parte del Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, y desalojaron a m\u00e1s de 250 familias que viv\u00edan all\u00ed. Durante el desalojo, empleados de la Empresa Azucarera (AZUNOSA) agredieron y amenazaron, bajo resguardo de la polic\u00eda, a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir m\u00e1s de 300 manzanas de cultivos de ma\u00edz, frijoles y yuca que eran el sustento de estas familias. Unos meses antes, el 5 de junio de 2024, las familias de la comunidad de Agua Blanca Sur hab\u00eda vivido un desalojo de similares caracter\u00edsticas, durante el cual la Polic\u00eda golpe\u00f3 y roci\u00f3 con gas pimienta a campesinos y campesinas, incluyendo a menores de edad, y con empleados de AZUNOSA usando maquinaria pesada para demoler sus pertenencias y destruir los cultivos.Las hostilidades contra los campesinos y campesinas de la comunidad de Agua Blanca Sur por parte de AZUNOSA y las instituciones policiales y judiciales del Estado hondure\u00f1o comenzaron en 2023, despu\u00e9s de que el Grupo Agua Blanca Sur, que est\u00e1 afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional Progreso, iniciara una recuperaci\u00f3n de tierras. Sus integrantes empezaron a vivir hostigamiento por parte de elementos de la Polic\u00eda Nacional que llegaban a los predios con amenazas de desalojo, sin orden judicial. Tambi\u00e9n denunciaron la presencia de drones que sobrevolaban los predios. La ma\u00f1ana del 15 de noviembre de ese a\u00f1o, la Polic\u00eda detuvo sin orden de captura a la defensora Maribel D\u00edaz Garc\u00eda, quien se encontraba en su casa, acus\u00e1ndola del delito de usurpaci\u00f3n de tierras y traslad\u00e1ndola a las oficinas de la Direcci\u00f3n Policial de Investigaci\u00f3n de El Progreso, donde al cabo de unas horas fue puesta en libertad bajo medidas cautelares. Un d\u00eda despu\u00e9s, la Polic\u00eda Nacional y guardias de seguridad de la empresa AZUNOSA cumplieron con las amenazas y efectuaron el desalojo de los predios.El mes siguiente, el 4 de diciembre de 2023, fue detenida otra defensora del grupo campesino Agua Blanca Sur, Jensy Manzanares, bajo la acusaci\u00f3n de \u201cusurpaci\u00f3n de tierras\u201d. En ese momento ya eran ocho las campesinas criminalizadas. Pocos d\u00edas m\u00e1s tarde, el 12 de diciembre, la Polic\u00eda ejecut\u00f3 un nuevo desalojo, el cual fue ordenado por el Juzgado de Letras regional El Progreso y notificado por la jueza Diana N\u00fa\u00f1ez, quien s\u00f3lo dio un plazo de treinta minutos a las familias para sacar sus pertenencias, plazo que no fue respetado pues las autoridades procedieron a ingresar maquinarias pesadas destruyendo todo, incluyendo quintales de ma\u00edz.Los desalojos violentos, ilegales y con la participaci\u00f3n de empresas privadas que ejercen violencia con total impunidad vividos por los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur desde 2023 es un patr\u00f3n en Honduras, que viven tambi\u00e9n las comunidades campesinas del Agu\u00e1n y otros territorios, al igual que las comunidades lencas y gar\u00edfunas. En todos ellos se hace evidente la instrumentalizaci\u00f3n de los marcos legales en beneficio de los poderosos para despojar y criminalizar a quienes defienden la tierra y los bienes comunes.