Claudia Espinosa Almaguer<\/p>\n\n\n\n
SemM\u00e9xico, San Luis Potos\u00ed, 6 de mayo, 2022.- A lo largo del mes de abril hemos escrito acerca de la Alerta de Violencia de G\u00e9nero vigente en San Luis Potos\u00ed desde junio de 2017, una declaratoria que luego del \u00faltimo informe al Grupo de Trabajo responsable de vigilar el cumplimiento de sus medidas, no ha sido retomada por parte de las autoridades, como es su obligaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hoy concluimos y el an\u00e1lisis de lo que nos llev\u00f3 a la declaratoria de la AVG no puede reducirse a una jerga legal, sino a una lectura pol\u00edtica y social de un fen\u00f3meno que ha sido sistem\u00e1ticamente ignorado en la entidad desde los organismos, las instituciones y los personajes con m\u00e1s micr\u00f3fonos al alcance, porque fueron hombres los que manejaron la implementaci\u00f3n de la Alerta y muy seguramente los que en su momento recomendaron al ex gobernador Juan Manuel Carreras dar su mensaje de cero impunidad con la misma seriedad de quien vocea en el s\u00faper la vigilancia del \u00e1rea de jugueter\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Insisto, la misoginia que no pesa, no hay prisa de resolverla.<\/p>\n\n\n\n
Todos los gobernadores potosinos al menos desde 2007, por marcar un punto de partida, han tenido la obligaci\u00f3n de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y se han retirado del poder todav\u00eda con esa deuda que ha ido creciendo hasta volverse insoportable, recordemos otra vez el concepto de violencia feminicida como el resultado final de m\u00faltiples conductas que al ser toleradas por el Estado y la sociedad, constituyen violaciones a derechos humanos y ponen en riesgo la vida.<\/p>\n\n\n\n
Estos comportamientos de odio han sido constantes. En 2006, INEGI public\u00f3 los resultados de su Encuesta Nacional sobre la Din\u00e1mica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), para San Luis Potos\u00ed result\u00f3 que poco menos de 507 mil mujeres declararon haber enfrentado violencia de su pareja de las cuales 56 mil fueron atacadas de manera grave, es decir, 51,7% necesitaron atenci\u00f3n m\u00e9dica, 45.9% fueron pateadas por su esposo o pareja; a 29.3% de ellas las amarraron y padecieron intentos de ahorcamiento, asfixia, fueron atacadas con cuchillo o navaja o les dispararon con un arma de fuego.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, s\u00f3lo un 21.8% de mujeres present\u00f3 denuncia, la causa de que el otro 78.2 % no lo hiciera se debi\u00f3 a que no lo consider\u00f3 importante, crey\u00f3 que su pareja ten\u00eda derecho a agredirla, sinti\u00f3 miedo debido a amenazas, tuvo verg\u00fcenza, no quiso que su familia se enterara o no confi\u00f3 en la autoridad.<\/p>\n\n\n\n
Hac\u00eda la emisi\u00f3n de la ENDIREH 2011, se indica: \u201cNinguna caracter\u00edstica sociodemogr\u00e1fica puede definir a la mujer violentada. Las mujeres maltratadas y los agresores existen sin que puedan explicarse por nivel econ\u00f3mico, escolar, edad, etc., ya que el maltrato a las mujeres por parte de su pareja ocurre en cualquier \u00e1mbito social y econ\u00f3mico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En esa publicaci\u00f3n, 78 de cada 100 mujeres casadas o unidas fueron violentadas por su pareja en el a\u00f1o anterior y otra vez, el maltrato m\u00e1s frecuente fue de tipo emocional, conductas ejecutadas para mantener una posici\u00f3n de dominio como no dirigirles la palabra, acusarlas de infidelidad, compararlas con otras mujeres o someterlas a menosprecios y humillaciones.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la violencia severa, m\u00e1s de 52 mil fueron v\u00edctimas, el acto m\u00e1s com\u00fan consisti\u00f3 en lesiones que resultaron en cortadas, quemaduras, p\u00e9rdida de dientes, abortos, fracturas, la p\u00e9rdida de movimiento de alguna parte del cuerpo y hasta de miembros de su familia. Las exparejas, se volvieron otro agresor representativo, fueron se\u00f1alados por causar ataques sexuales, patadas, ahorcamientos, heridas de arma blanca y arma de fuego que orillaron a muchas v\u00edctimas a considerar quitarse la vida.<\/p>\n\n\n\n
Aunque para entonces San Luis ya ten\u00eda Ley de Acceso y hab\u00eda actualizado su norma penal, las herramientas jur\u00eddicas no fueron aplicadas por todas las autoridades responsables, siendo el poder judicial el gran indiciado de faltar a sus obligaciones de formarse en derechos de las mujeres. El feminicidio ya era un delito, pero no se contabiliz\u00f3 p\u00fablicamente hasta 4 a\u00f1os despu\u00e9s, en 2015. Es hasta entonces que se solicit\u00f3 la Alerta.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s recientemente, la ENDIREH de 2016 dio cuenta de que, en San Luis Potos\u00ed, de poco m\u00e1s de un mill\u00f3n de mujeres de 15 a\u00f1os y m\u00e1s, 587 mil hab\u00edan sido agredidas en alg\u00fan momento de su vida. Entre aquellas casadas o unidas, nuevamente su agresor principal fue la pareja o esposo y las violencias severas tuvieron 374 mil v\u00edctimas y hab\u00eda 94 mil mujeres con la vida en riesgo inminente. As\u00ed mismo, 195 mil mujeres fueron sometidas a intimidaci\u00f3n, hostigamiento, acoso o abuso sexual por parte de un agresor distinto, en el trabajo, en la escuela, en un espacio p\u00fablico, por compa\u00f1eros, maestros, autoridades, patrones, familiares, conocidos o extra\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
A este escenario debemos sumar el ingrediente ineludible que fue la pandemia de COVID 19, porque durante dos a\u00f1os se ralentiz\u00f3 el momento en que las autoridades entraban a conocer de la existencia de las v\u00edctimas, es decir, todas las formas mediante las cuales el Estado atiende, desde las emergencias m\u00e9dicas hasta las denuncias, las llamadas al 911, las peticiones de apoyo a DIF, las consultas psicol\u00f3gicas, etc., estuvieron restringidas o distra\u00eddas por el nivel de emergencia y las medidas de distanciamiento y encierro para contener el avance del coronavirus.<\/p>\n\n\n\n
Si eso pasa en un abandono digamos, involuntario o at\u00edpico, imagine lo que es no querer asumir esta parte de la responsabilidad pol\u00edtica destinada a proteger a m\u00e1s de la mitad de la poblaci\u00f3n que habita en el Estado.<\/p>\n\n\n\n
Todav\u00eda debemos a\u00f1adir que actualmente tenemos las condiciones de solicitar una segunda declaratoria de alerta como sucede con algunas entidades como el Estado de M\u00e9xico, Guerrero y Veracruz, debido a la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potos\u00ed, compuesto por m\u00e1s de una omisi\u00f3n de legislar desde el Congreso del Estado en materia de interrupci\u00f3n legal del embarazo e instrumentos para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida.<\/p>\n\n\n\n
Comenzamos estas columnas con dos preguntas, \u00bfQu\u00e9 significa en un tiempo y territorio determinado la muerte violenta de una mujer? \u00bfQu\u00e9 tiene que pasar para llegar a ese momento? Es dable creer, habida cuenta de estas graves omisiones que continuamos documentando, que cada uno de los actos de violencia, acoso, violaci\u00f3n y asesinato que no han faltado ni un solo d\u00eda desde hace casi dos d\u00e9cadas, sencillamente no importen y que se sigan dedicando ferozmente, a mirar para otro lado. Pero seguir\u00e1 costando la vida de ni\u00f1as y mujeres potosinas. \u00bfEl precio es poco? A m\u00e1s ver.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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