Sonia del Valle
SemMéxico, Ciudad de México, 24 de junio, 2026.- Hace más de dos décadas que conocí a la CNTE. Era, como lo relaté, un ente semiclandestino, no le gustaba conversar con la prensa, por tanto una debía tener contactos o informantes para que te “pasaran” el celular de alguno de sus dirigentes y entrevistarlo.
Con el tiempo eso cambió. La CNTE aprendió a moverse en la era de las comunicaciones y hoy utiliza con habilidad los medios y las redes sociales para posicionar sus causas. Y si en algo podemos coincidir es que el sistema educativo de Oaxaca necesita una mayor inversión.
Nadie que conozca mínimamente la realidad de la entidad podría sostener lo contrario. Ahí conviven algunas de las mayores carencias del sistema educativo nacional: escuelas sin servicios básicos, planteles sin conectividad, miles de estudiantes indígenas atendidos en condiciones precarias, altos niveles de analfabetismo y uno de los promedios de escolaridad más bajos del país.
Por eso me parece altamente corrosiva la lógica del cheque en blanco.
El Gobierno federal anunció la entrega extraordinaria de 800 millones de pesos, recursos que dice, serán canalizados al gobierno de la entidad, asumo a través del IEEPO y ¿quién controla el Instituto de Educación Pública de Oaxaca? Supuso bien, la CNTE.
Por eso la pregunta no es cuántos recursos, es ¿qué se mejora?
Porque esta historia no es nueva.
Durante las negociaciones de la Alianza por la Calidad de la Educación la CNTE obtuvo “recursos extraordinarios” para abatir el rezago; después con la reforma del 2013, negociaron, firmaron minutas y obtuvieron “recursos extraordinarios” para abatir el rezago educativo. Y ahora, con los gobiernos de la 4T, sobre todo el actual, pasa lo mismo: 800 millones para abartir el rezago en 2024, 2025 y 2026.
Lo extraordinario de los recursos extraordinarios es que no mejoran el rezago educativo. Al menos se desconoce el diagnóstico público, el plan de intervención, las metas verificables o los mecanismos de transparencia para saber en qué se gastará el dinero y qué resultados se esperan obtener.
¿Se utilizará para llevar agua potable a las escuelas que no la tienen? ¿Para rehabilitar planteles deteriorados? ¿Para ampliar la conectividad en comunidades rurales? ¿Para fortalecer la educación indígena? ¿Para recuperar los aprendizajes perdidos por años de interrupciones escolares? Nadie lo sabe.
La ausencia de respuestas no es un detalle administrativo. Es el problema central.
Los gobiernos suelen presentar el monto de los recursos como si el dinero fuera una política pública en sí misma. No lo es. Los recursos son apenas una herramienta. Lo que importa es el propósito, la estrategia y la capacidad para demostrar resultados, como señalamos en Mexicanos Primero hoy a través de una Nota Informativa que difundimos.
Si después de años de apoyos extraordinarios los problemas siguen ahí, la obligación de las autoridades no es repetir la fórmula. Es explicar por qué no ha funcionado.
Cada peso destinado a educación debería estar asociado a objetivos concretos, indicadores de seguimiento y evaluaciones que permitan conocer su impacto. De otro modo, los 800 millones de pesos son una cifra políticamente útil, pero educativamente irrelevante.
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