* Demandan mujeres se decrete la Alerta de Violencia de Género
* Por omisión o negligencia debe ser sancionado el funcionariado
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Cd. de México. 13 agosto 2019.- Mujeres organizadas repudian la postura gubernamental de criminalización de la protesta social legítima, esto por las declaraciones emitidas este lunes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la procuradora Ernestina Godoy, tras la protesta realizada frente a las oficinas de procuración de justicia.
En una carta pública no firmada por temor a represalias y que circulan en redes sociales, sostienen que las funcionarias morenistas criminalizan la protesta a través de comunicados y en respuesta a entrevistas inspiradas en discursos de odio.
Aseguran que de esta manera se desvirtúa el motivo de la convocatoria de las mujeres, defensoras de derechos humanos y feministas para evadir la responsabilidad institucional respecto a la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2019 se han registrado tres mil 233 delitos contra la libertad y seguridad sexual en la Ciudad de México, motivo por el cual “reiteramos la urgente declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la ciudad de México”.
Actos como los que suceden diariamente en la capital, en los que son los mismos agentes del Estado los perpetradores de una violación sexual tumultuaria, y de la filtración de información sensible sobre la investigación, dan cuenta de la falta de responsabilidad y de la violencia institucional en contra de las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México.
En la carta también se pronuncian porque el funcionariado público involucrado en estos delitos, por su omisión, negligencia y obstrucción de la justicia para las mujeres, sean sancionados de forma económica, administrativa y, de ser necesario, de manera penal.
Las mujeres organizadas sostienen su disposición al diálogo constructivo que privilegie la voluntad política y la participación social para garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en la ciudad de México, que la «justicia pronta y expedita» no sea sólo retórica discursiva, sino acciones concretas y contundentes que incluyan la protección a las víctimas, familiares y testigos, lejos de ponerlos en riesgo y desalentar las denuncias.
SEM/sj
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