Cd. de M\u00e9xico, julio, 2026.- La iniciativa regional Salud Sin Miedos present\u00f3 un informe, en el contexto de la campa\u00f1a \u201cPor una salud sin miedos\u201d, donde revela que el aborto prohibido viola\u00a0 los derechos humanos de las mujeres, ni\u00f1as y adolescentes,\u00a0 criminaliz\u00e1ndolas\u00a0 desde los sistemas de salud. Se trata de m\u00e1s de 10.000 mujeres que fueron enviadas a procesos penales que ponen en riesgo su integridad.<\/p>\n
El informe contiene la investigaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de \u00a0611 casos de seis pa\u00edses.\u00a0 Lo llama “la ruta de la criminalizaci\u00f3n”, que se inicia dentro de los sistemas de salud y se extiende a los sistemas de justicia, que no ofrecen las garant\u00edas m\u00ednimas para la interrupci\u00f3n de un embarazo, en un contexto de \u00a0desigualdades\u00a0 de g\u00e9nero que amplifican el\u00a0 persistente \u00a0estigma social.<\/p>\n
Sostiene que la criminalizaci\u00f3n del aborto en Am\u00e9rica Latina y el Caribe est\u00e1 generando estas violaciones a los derechos humanos, con un impacto preocupante, \u00a0y que existen evidencias del despliegue de la persecuci\u00f3n penal contra mujeres, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n
El informe analiza casos de aborto ocurridos entre 2012 y 2023 en Brasil, Chile, Guatemala, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay, dentro de un universo de 10.848 mujeres, ni\u00f1as y adolescentes criminalizadas en esos pa\u00edses.<\/p>\n
En la iniciativa participan Cris\u00e1lidas\u00a0 de Guatemala, Cladem, Rep\u00fablica Dominicana,\u00a0 Corporaci\u00f3n Miles,\u00a0 de Chile, \u00a0\u00a0el Instituto de Bio\u00e9tica Anais, de Brasil, Proyecto de Salud\u00a0 de Per\u00fa y\u00a0 Mujer y Salud del Uruguay.<\/p>\n
Lidereado\u00a0 por Ximena Casas Isaza y mediante una metodolog\u00eda comparada y estandarizada \u2014sin precedentes en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u2014, el estudio introduce el concepto de la “ruta de la criminalizaci\u00f3n del aborto” para mostrar c\u00f3mo mujeres, ni\u00f1as y adolescentes pasan de buscar atenci\u00f3n m\u00e9dica a enfrentar investigaciones y procesos penales.<\/p>\n
“Este informe demuestra que la criminalizaci\u00f3n del aborto es una pr\u00e1ctica estatal que pone vidas en riesgo, destruye la confianza en los sistemas de salud y castiga a las mujeres que no cumplen con los estereotipos tradicionales sobre la maternidad y reproducci\u00f3n. Claramente, no es un debate abstracto sobre legislaci\u00f3n penal, promueve la violaci\u00f3n de derechos humanos y afecta negativamente la vida de las mujeres, ni\u00f1as y adolescentes,” se\u00f1al\u00f3 Ximena Casas Isaza, abogada experta en derechos sexuales y reproductivos y coordinadora de la iniciativa Salud Sin Miedos.<\/p>\n
Los hospitales como puerta de entrada a la criminalizaci\u00f3n: en m\u00e1s de la mitad de los casos donde pudo identificarse el origen de la denuncia, esta provino del personal sanitario cuando acudieron a hospitales buscando atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
Procesos judiciales sin garant\u00edas: el informe evidencia violaciones preocupantes al debido proceso en los 611 casos analizados. Muchas mujeres, adolescentes y ni\u00f1as no tuvieron acceso oportuno a representaci\u00f3n legal, fueron interrogadas sin defensa presente y enfrentaron procesos basados en pruebas obtenidas mediante violaciones a la confidencialidad m\u00e9dica, lo que tambi\u00e9n vulnera la garant\u00eda contra la autoincriminaci\u00f3n.<\/p>\n
“La judicializaci\u00f3n de mujeres por aborto no ocurre en el vac\u00edo: es el resultado de procesos marcados por violaciones a las garant\u00edas m\u00ednimas, en los que la posibilidad de recibir una condena arbitraria es una amenaza latente”, se\u00f1al\u00f3 Selene Soto Rodr\u00edguez, asesora legal senior de R\u00edos.<\/p>\n
Una pol\u00edtica discriminatoria que profundiza desigualdades: el informe concluye que la criminalizaci\u00f3n del aborto opera como una pol\u00edtica discriminatoria porque se basa en estereotipos de g\u00e9nero. En expedientes judiciales revisados, las mujeres fueron descritas como “fr\u00edas”, “calculadoras” o incluso “asesinas”, reforzando estereotipos vinculados a roles tradicionales de maternidad y cuidado.<\/p>\n
Transparencia estatal y falta de acceso a la informaci\u00f3n: la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n revela problemas de transparencia estatal y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. De 314 solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n enviadas a 154 entidades estatales en los seis pa\u00edses analizados, el informe identific\u00f3 ausencia de datos desagregados y actualizados, inconsistencias entre cifras oficiales y omisiones sobre el perfil de las personas criminalizadas.<\/p>\n
La falta de registros oficiales adecuados dificulta poder dimensionar el impacto real de la criminalizaci\u00f3n y limita la capacidad de documentar las violaciones de derechos humanos en estos contextos.<\/p>\n
Salud Sin Miedos hizo \u00a0un llamado a los Estados de Am\u00e9rica Latina y el Caribe a abandonar el enfoque punitivo sobre el aborto y adoptar pol\u00edticas basadas en salud p\u00fablica, evidencia cient\u00edfica y derechos humanos.<\/p>\n
El informe propone una hoja de ruta que incluye:<\/p>\n
Una Salud Sin Miedos est\u00e1 disponible en: Salud Sin Miedos \/ Health Without Fears \/ Saud\u00e9 Sim Medos: saludsinmiedos@riossocialjustice.org \/ IG @saludsinmiedos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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